Quienes en 1999, al comienzo del primer gobierno de Chávez, desconfiaban de la sinceridad del presidente en cuanto a la verdadera naturaleza del proyecto que tenía en mente, basaban su sospecha en la percepción -que luego resultó confirmada por los hechos- de que el nuevo gobierno adoptaría un modelo restrictivo de la propiedad privada para contener el auge de la visión contrapuesta, basada en la acumulación del capital como punto de partida para la creación de riqueza, progreso y bienestar.

De manera que, para los suspicaces, aquel famoso discurso del Ateneo de Caracas pronunciado por Chávez -ya como presidente electo- donde, entre otros importantes anuncios, se declaró partidario de “la tercera vía” de Tony Blair, anunció un acercamiento con los Estados Unidos de América y ofreció garantías irrestrictas para la inversión privada nacional y extranjera, nunca representó una buena señal sino, por el contrario, fue interpretado por ellos como la prueba más tangible del doblez y del cinismo al cual puede llegar un sujeto devorado por el fanatismo o la ambición de poder. Quienes desde entonces se oponían a Chávez  abrigaban una especie de certeza acerca del camino espinoso que el comandante tendría destinado para todo lo que oliera a emprendimiento o a iniciativa privada.

Pero otra muy distinta fue la percepción en relación con el tema de los trabajadores. Durante la primera década del gobierno, nadie se atrevió a dudar -ni siquiera los detractores más acérrimos de Chávez- de que, al menos para quienes representaban la fuerza laboral del país, había arribado la “hora feliz” ya que su protección integral se proyectaba como el objeto mayor de los desvelos presidenciales: este sector sería, al mismo tiempo, uno de los motores principales y uno de los mayores beneficiarios de la revolución bonita.

Ciertamente, los trabajadores tuvieron motivos para percibir que el andamiaje institucional comenzaba a favorecerlos y hay que decir que, en ocasiones, hasta de manera caprichosa, es decir, incluso al margen de que en sus planteamientos los asistiera o no la razón. Esa creencia se hizo patente como consecuencia de una sucesión de eventos que enviaron señales muy claras acerca de quiénes eran los consentidos y quiénes los despreciados. Recuerdo tres ejemplos claros: el primero fue la famosa paralización por parte de un grupo de trabajadores de la planta de SIDOR (¡qué casualidad!) mientras la empresa estaba aún controlada por el grupo argentino Techint. La acción, supuestamente emprendida para “velar” por la correcta nacionalización de la empresa puso de manifiesto el desequilibrio del árbitro: mientras el gobierno utilizó un guante de seda con los huelguistas, los accionistas extranjeros se vieron en una situación tan precaria que presagiaban la pérdida de su inversión, como en efecto ocurrió luego y ante la cual ni la amistad del presidente Kirchner con el comandante presidente logró mover un ápice de la decisión tomada. El segundo ejemplo, también emblemático, fue la avalancha de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que, contra viento y marea y bajo reglas de juego bastante discutibles, invariablemente condenaban a la CANTV -aún de capital privado- a realizar pagos por relaciones laborales ya finiquitadas y liquidadas. Con los precedentes creados por esa abundante y “pacífica” jurisprudencia, se hizo posible calcular y predecir con un buen grado de exactitud cuál sería la decisión del Estado venezolano a la hora de arbitrar cualquier conflicto o reclamación que se ventilase en el fuero laboral -por más extravagante que fuese la pretensión-. Un tercer ejemplo demostrativo -y esta vez más plausible- de que el mejor interés de los trabajadores parecía ser una política de Estado fue la incorporación creciente de todos los niveles de trabajadores de la administración pública a los servicios privados de salud como en una suerte de compensación ante la inopia de la red asistencial del Estado. Doble reconocimiento, pues.

En la medida en que el presidente Chávez avanzó en la profundización de la revolución, fue dejando una estela de máscaras caídas y la de su relación cercana con los trabajadores tardó un poco más en caer. Sin embargo, ya para 2009, las ausencias del ángel de la guarda comenzaron a advertirse y en su lugar fueron apareciendo, aunque paulatinamente, dos prácticas perversas: maniobras arteras para “reformular” o postergar indefinidamente la discusión de las convenciones colectivas y una estrategia feroz destinada a desmantelar cualquier forma de organización laboral con el objeto de apagar o desacreditar su poder de convocatoria y su prestigio como interlocutor. A la muerte de Chávez, el espejismo de las aparentes afinidades entre los trabajadores y “su” presidente se develó precisamente como lo que fue: un espejismo.

Pero los designios divinos les trajeron a los trabajadores una nueva ilusión, un motivo para creer que aún sería posible lo que en algún momento pareció ser. El nuevo presidente, el flamante sucesor, no era ningún militar y menos aún empresario. Se trataba, ni más ni menos, que de uno de ellos, quien, para mejor señal, se hacía llamar “el presidente obrero”.

Sin embargo, en esta nueva etapa, no cabe duda de que el alumno superó al maestro: ya no se trata simplemente de postergar negociaciones y escamotearle a los trabajadores muchos derechos que progresivamente venían disfrutando. Si nos guiamos por las noticias provenientes de Guayana ofrecidas por voceros oficialistas, ahora los trabajadores -aún los partidarios de la revolución- no solo reciben desprecio y descalificación, sino que los órganos de represión los han hecho objeto de violencia física, sus bienes han sido vandalizados y, encima, son ellos quienes resultan detenidos.

La alternativa democrática, como aspirante a suceder a este gobierno, tiene el deber de convocar a este sector -que se sabe usado y desechado a capricho por la revolución- para escucharlo con respeto e incluirlo sinceramente como interlocutor  valioso en función de la reconstrucción del país.