Así será de terrible la percepción que los ciudadanos tienen en relación con la impunidad en los casos de corrupción que el gobierno está haciendo un esfuerzo, que aún no sabemos cuán sincero y fructífero será, para ofrecer otro rostro y ganar algo de credibilidad ante el país no polarizado e incluso, ante sus mismos partidarios. Este mes de julio ha sido prolífico en detenidos por casos de corrupción y de estafas vinculadas con el acceso a bienes o servicios del Estado venezolano. A las capturas iniciales de funcionarios del SENIAT o del INDEPABIS ocurridas en meses anteriores, se sumó ahora la detención de una serie de personas imputadas por el desfalco del Fondo Chino, la aprehensión de los miembros de un grupo al cual se le atribuye la desviación del patrimonio de CVG Ferrominera Orinoco y la captura de otras personas que integraban un par de organizaciones aparentemente constituidas para “intermediar” ante el público con los apartamentos de la Gran Misión Vivienda y con las ayudas destinadas a los pueblos indígenas administradas por el ministerio respectivo.

Otro caso muy llamativo, por la señal que intenta arrojar, es la reapertura de un proceso penal ya sepultado y olvidado que involucró a un general del ejército muy poderoso durante la pasada década. La reseña de El Universal del pasado sábado sobre el caso no tiene desperdicio, porque ofrece detalles que ilustran acerca de los frágiles argumentos formales utilizados en su momento para cerrar el caso y destacan que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia califica hoy como grotesca la actuación de los jueces que cometieron ese “error inexcusable” que ahora será el motivo para someterlos a un proceso disciplinario cuya apertura también se anuncia.

Sin duda, son señales. Incipientes, pero señales al fin y al cabo. Sin embargo, el reto es titánico porque estas iniciativas solo podrían funcionar si se revirtiesen dos percepciones muy consolidadas en la población gracias a los catorce años de antecedentes ofrecidos por el enclenque y opaco sistema de Justicia venezolano: la primera es que estamos en presencia de un simple golpe de efecto planificado para que el gobierno intente restaurar el poder de convocatoria que tuvo en otros tiempos y, la segunda, que estas acciones “tan firmes” no son más que actuaciones selectivas -que en el pasado y aún hoy hemos visto acometer sólo contra los sectores disidentes- cuyo engranaje ahora se pone al servicio de la lucha interna por el poder entre los distintos bandos del oficialismo. Ante este panorama, el escepticismo ciudadano solo podría disminuir si se pudiese cambiar la percepción acerca de las intenciones gubernamentales que sólo ganarían credibilidad si las acciones descritas tuviesen efectos generales, si fuera posible mantenerlas en el tiempo y si, al observarlas, independientemente de nuestra posición política, se presentaran indisolublemente unidas a presupuestos éticos y a intereses colectivos como los verdaderos fundamentos que son para inspirar una actuación del Estado.

Pero, además de esas medidas puntuales, cuya permanencia y sustentabilidad tendría que quedar acreditada fuera de toda duda, el gobierno debe revertir otras graves distorsiones devenidas en políticas de Estado y que consisten en la opacidad de las reglas de juego aplicables a la conducta ciudadana, la nebulosidad del estado de Derecho y la sensación creciente de que cualquier actividad, por más legítima que sea, puede ser sorpresiva e intempestivamente satanizada y dar lugar a sanciones contra las cuales solo hay salidas de carácter extorsivo. Esa grotesca situación, muy bien asimilada por la sociedad venezolana, le está siendo retribuida al gobierno con una profunda desconfianza. En estos momentos, cuando el gobierno “ha descubierto” que la sociedad tiene cosas que aportar y que el Estado la necesita, el poder de convocatoria y la tan deseada estabilidad pasan por recomponer el principio de legalidad y, sobre todo, actuar con responsabilidad.

El ejemplo más elocuente de irracionalidad lo tenemos en el insostenible “régimen” cambiario, cuya ley penal, en lugar de prevenir delitos, no ha hecho más que estimular miles de estafas a particulares que, privados de un mecanismo legal alternativo adecuado a la economía real, se han volcado a negociar las divisas en el mercado negro, plagado de actores inescrupulosos no identificados ni sujetos a control alguno. Hasta el propio Estado resiente las consecuencias de tanto capricho en esta materia al verse impedido de informar siquiera el tipo de cambio resultante en las modestas subastas de divisas convocadas para aliviar un poco la dramática situación.

Más que dar tímidas señales, el gobierno está obligado a tomar decisiones que detengan la pavorosa descomposición promovida desde el propio Estado y ejecutada por un sistema penal y de Justicia trastocado y desequilibrado.