Hace algunos días se encendió una nueva alarma en relación con la salud del comisario Iván Simonovis que nos hace preguntarnos qué está pasando con nuestra condición humana, particularmente con la de quienes ante sus narices ven extinguirse la vida de una persona y carecen de la más mínima iniciativa para detener la catástrofe que ineludiblemente ocurrirá si no se impone un mínimo de conciencia y de humanidad.

El 23 de julio pasado Iván Simonovis, quien sufre de numerosos padecimientos de salud como consecuencia directa de las condiciones bajo las cuales está recluido, fue objeto de un diagnóstico erróneo que retrasó el tratamiento de una nueva dolencia que hizo crisis en su organismo. Ante los síntomas de abdomen doloroso, rigidez abdominal difusa, fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos, deshidratación e insuficiencia respiratoria le fue diagnosticada una pielonefritis aguda, que es una enfermedad de las vías urinarias que alcanza la pelvis renal, cuando en realidad lo que el comisario padecía –totalmente cónsona con sus síntomas- era peritonitis gangrena vesicular con la consecuente infección interna, que suele ocurrir cuando se infecta la vesícula biliar y el diagnóstico apropiado no se produce a tiempo.

Fue el 26 de julio en horas de la tarde cuando al comisario se le practicó la extracción de la vesícula biliar y la limpieza de la cavidad abdominal en el Hospital Militar de Caracas. Este procedimiento era el único posible para impedir que los efectos de la peritonitis produjesen las complicaciones usuales que son: fuga de la bilis, hemorragia interna, formación de abscesos, inflamación del páncreas, aparición de trombos en las piernas, lesión de los conductos biliares o del intestino, embolia pulmonar, infarto, fallo orgánico múltiple o multisistémico, muchas de las cuales conducen a la muerte.

Hay un cúmulo de hechos muy grave que trasciende cualquier consideración política o jurídica. Los “compromisos” de los funcionarios públicos con sus jerarcas no tienen por qué envilecerlos, carcomerles el alma e inocularles tal pobreza de espíritu que los haga contravenir la sensatez, la compasión y la solidaridad que todo ser humano debe abrigar, sobre todo cuando tiene conocimiento pleno y responsabilidades concretas en torno a la situación de una persona privada de libertad. Aquí, la responsabilidad del alto gobierno -que es indudable- no es distinta de la que tienen los niveles medios, niveles técnicos o como se les quiera llamar, conocedores en detalle de este incidente y de todas las enfermedades crónicas que padece el comisario Simonovis, cuya curación no será posible en el sitio donde está recluido ni en ningún otro que no sea su hogar. Iván Simonovis no fue condenado a muerte pero, por lo que se vislumbra, esa es la sentencia que se está ejecutando en la práctica gracias a la interpretación miedosa y distorsionada de una orden política dada en su momento y a la incapacidad de comprender que este caso se le fue de las manos a toda la “cadena de mando” (para decirlo militarmente) del sistema penitenciario y de Justicia, cuyos numerosos funcionarios tienen la responsabilidad de advertir, de informar, de actuar, de alertar a sus superiores cuando las consecuencias de una decisión política originaria se desvían de tal manera que la terminan convirtiendo en un acto de barbarie.

A veces en nuestras críticas al alto gobierno –ojo, muy merecidas todas- muchas veces cometemos el error de exculpar a los “pobrecitos” funcionarios de los niveles medios como si éstos fuesen minusválidos o impúberes.

Nunca olvidaré un incidente que presencié como funcionaria pública a mediados de los años 80 cuando, bajo la aplicación de la famosa Ley de Vagos y Maleantes, unos altos funcionarios de la Gobernación del Distrito Federal interpretaron que la orden de Carmelo Lauría de mandar a los malandros a las Colonias Móviles de El Dorado consistía en llenar un avión con personas cuyos únicos “antecedentes penales” eran su aspecto no convencional y su tendencia sexual. Fue bochornoso ver como los engranajes de esa burocracia insensible comenzaron a ponerse en marcha para literalmente “sacar de circulación” a muchachos menores de 25 años, sin antecedentes reales; sin embargo, el empeño de algunos funcionarios que buscaron la manera de acreditar la verdad e informarle al gobernador, con respeto pero con firmeza, el tamaño de esta infamia abortó la maniobra. Ese caso me permitió conocer la seriedad y la extraordinaria calidad humana de un “duro” como Carmelo Lauría.

En muchos casos, los funcionarios ni siquiera tienen claro cuál es el alcance de un mandato; su única opción parece ser la catatonia, de la cual sólo se atreven a salir bajo orden expresa. Pero hay temas de temas, porque hay que tener claro que, desde hace años, los crímenes de guerra y los delitos contra los Derechos Humanos abarcan todos los eslabones de las estructuras burocráticas.