Es curioso el hecho de que uno de los libros actuales más fascinantes para cualquier abogado haya sido escrito por un economista. Me refiero a La idea de la justicia (Taurus, 2010), de Amartya Sen, quien fue distinguido con el premio Nobel de Economía y cuyo extraordinario aporte al campo del Derecho radica, en primer lugar, en haber identificado las claves de lo que la gente espera realmente de la noción de Justicia y, en segundo lugar, en poner de manifiesto que la validez de cualquier sistema de justicia pasa por su capacidad para lograr una mejoría real y tangible en la vida de las personas. En el libro, el nobel hace la distinción entre el concepto de una justicia lejana y nebulosa que se basa en la adopción de esquemas mentales y paradigmas abstractos frente a otra justicia que se sustenta en realizaciones concretas. Por supuesto, está claro que privilegia esta última.

A propósito de este tema, en los Estados Unidos de América acaba de  ocurrir un hecho aparentemente sorprendente para quien no conozca su entramado institucional. En estos días, para sorpresa de muchos congresantes republicanos, el Tribunal Supremo de ese país, gracias al voto decisivo de su presidente, el magistrado John Roberts, quien es un conservador designado por George W. Bush, se pronunció en favor de la reforma sanitaria propuesta por el presidente Obama, la cual había sido tildada de socialista, de “europea” (en sentido peyorativo) y de restrictiva de la potestad legislativa del Congreso, motivos por los cuales había sido impugnada por veintiséis Estados de la Unión gobernados por políticos republicanos.

En una decisión trascendental desde todo punto de vista los integrantes del Tribunal Supremo, con el republicano Roberts a la cabeza -y a pesar de la coyuntura electoral-, dejaron de lado toda consideración meramente política y simplemente atendieron a su conciencia. Este gesto, al margen del espaldarazo que representa el fallo para la oferta electoral del presidente Obama, favorecerá de manera concreta a nada menos que treinta millones de ciudadanos que finalmente contarán con cobertura de salud. Pero, además, esta decisión judicial acaba de enviarle al país un mensaje importante que contribuye a que la gente comprenda cuál es la utilidad práctica de tener un sistema de justicia y de haber adoptado el principio de separación de poderes como forma de organización política, de modo que éste sea algo más que un lema y se traduzca en un beneficio general para la población.

Por si fuera poco, ese país le está mostrando al mundo la fortaleza institucional de su sistema judicial, cuya independencia y autonomía son las características que permiten sustentar cualquier victoria lograda por los ciudadanos frente a los posibles desequilibrios y abusos de los restantes poderes públicos.

La clave de que una decisión como ésta sea posible pasa por el carácter vitalicio del cargo de magistrado del Tribunal Supremo y por la responsabilidad histórica que cada presidente de la República sabe que tiene cuando selecciona y propone irreversiblemente a estos altos funcionarios para que representen realmente el contrapeso necesario que garantice el equilibrio institucional. Los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América tuvieron la sabiduría y la visión de inocular en la constitución de la República el embrión de la independencia del Poder Judicial y lo revistieron de las características y fortalezas indispensables para que sobreviviera y prevaleciera con el pasar de los siglos para bien de sus ciudadanos.

Así como vemos a diario cuán frustrantes pueden ser para la sociedad los efectos del divorcio entre el andamiaje institucional y la vivencia de la realidad cotidiana, resulta muy esperanzador apreciar signos vivos de lo contrario, tal como lo acabo de reseñar. Es necesario que las instituciones que garantizan la Justicia se erijan en condiciones que les permitan asumir francamente que su razón de existir pasa, como dice Sen, por “examinar lo que surge de la sociedad, incluidas las vidas que las personas viven realmente, con las instituciones y reglas existentes, así como otras influencias, como el comportamiento real, que afectarían ineludiblemente a las vidas humanas”. ¿Cómo hacerlo? Apostando a la independencia de los jueces, exigiendo su responsabilidad y estimulando su dignidad para que decidan en condiciones que les permitan sustraerse realmente de los enfoques fatuamente teóricos, de la indiferencia burocrática y, sobre todo, de los intereses políticos o personales.