Los que menos tienen suelen desarrollar cierto instinto que los ayuda a asegurar su supervivencia. Infortunadamente, lo que suele ocurrir en sociedades atrasadas como las de algunos de nuestros países latinoamericanos es que la supervivencia, en lugar de ser una etapa dura, pero temporal, para cualquier persona que aspire a una vida digna, tiende a convertirse en una situación crónica, transferible de padres a hijos y originaria de una serie de males que termina afectando a todos los ciudadanos sin excepción. Esos círculos viciosos, que alimentan y consolidan la pobreza, caracterizados por la malnutrición, la deserción escolar, los embarazos precoces, la baja calificación de la fuerza laboral y la falta de oportunidades de sectores cada vez más numerosos de la población tienen una altísima incidencia en el incremento del ocio permanente, de la violencia, del consumo y tráfico de estupefacientes y de la comisión de delitos; todas estas circunstancias constituyen fuentes importantes del clima de inseguridad y de angustia que hoy viven sociedades como la nuestra.

En Venezuela llevamos más de diez años oyendo al vocero único del gobierno nacional hablar de programas y recursos para los pobres. Y ciertamente, nadie pone en duda que programas y recursos los ha habido; lo que no sabemos es si su diseño, administración y objetivos subyacentes permitirán que estas personas superen la fase de supervivencia, dejen atrás la relación de dependencia con el Estado y cuenten con el impulso necesario para progresar, es decir, para alcanzar los niveles de escolaridad, capacitación e ingresos que les permitan levantar una familia y lograr derechos tan importantes como los vinculados con la autodeterminación. Y es sólo en la obtención de estos resultados donde radica la superación de la trampa del populismo y la posibilidad de cambiar sociedades frustradas -donde el resentimiento y la desconfianza son los sentimientos generalizados-, por sociedades donde el ejercicio de los derechos de todos no sea una utopía ni un chiste, sino un objetivo cada vez más aprehensible.

Precisamente, en esta década, han surgido en América Latina experiencias interesantes en materia de programas sociales no populistas. En la jerga técnica son conocidos como “programas de transferencias condicionadas en efectivo” y tienen por objeto aliviar la pobreza en la generación actual y prevenirla en la próxima, mediante el aumento de los años de escolaridad de la población hasta lograr como meta que todos los jóvenes terminen, al menos, la secundaria o estudios equivalentes, dada la influencia de este factor en la ruptura de los círculos viciosos. Consisten en el otorgamiento de pequeños estímulos económicos -en dinero y otros bienes- sujetos al cumplimiento de ciertas actividades desvinculadas de lealtades políticas e inobjetables en cuanto a la dignidad personal de los beneficiarios, como sería, por ejemplo, ocuparse de que sus hijos asistan a un 80% de clases como mínimo o, en el caso de las adolescentes embarazadas, acudir regularmente al control médico prenatal y luego, asistir y obtener apoyo nutricional para el bebé, entre otras.

La instrumentación a gran escala de estos programas fue concebida originalmente en México en el gobierno de Ernesto Cedillo por Santiago Levy, tecnócrata que al fusionar varias visiones, logró el interesante detalle de asumir el concepto de dádiva bajo el matiz de dádiva-estímulo. El programa continuó con Vicente Fox y luego Lula Da Silva lo adoptó en Brasil. También Chile puso en práctica uno similar. Tal como reseña Michael Reid en su libro El continente olvidado, Grupo Ed. Norma, 2009, cada país le otorgó su propio nombre: Progresa y Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil o Chile Solidario; lo cierto es que, en todos los casos, se observaron resultados tangibles que parecieran haberse traducido en credibilidad institucional y retroalimentación positiva.

En estos días me enteré de la existencia en Venezuela de un programa con estas características, llamado Progresar, que comenzó a implementar, desde fines del año pasado, el alcalde del municipio Sucre del área metropolitana de Caracas, Carlos Ocariz. Esa iniciativa, que en modo alguno antagoniza con los proyectos sociales del presidente de la República, le ofrece a los más desfavorecidos una opción adicional que siempre será bienvenida. De hecho, si el plan Progresar se impregna del estilo del alcalde -quien suele ser más elocuente con los hechos que con los discursos- y comienza a ser replicado en otras comunidades, el efecto inmediato no puede ser otro que la promoción de una sana competencia.

Con la meta de vencer las situaciones críticas, conviene también que los pobres tengan, al menos, dos pretendientes cuyas conductas comparadas contribuyan al desarrollo de su capacidad de discernimiento: que, además de aquel primer amor que ahora les exige lealtad y fidelidad hacia una visión de país que no necesariamente comparten pero que no están en condiciones de rechazar, puedan contar también con alguien que guarde respeto por su dignidad aún en ciernes, pero cuyo pleno ejercicio llegará, sin duda, gracias a esa opción, la que contempla, precisamente, la superación cierta de la etapa de supervivencia.

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