La concesión de la medida humanitaria a Iván Simonovis el pasado 20 de septiembre, a través de la cual le será posible atender sus problemas de salud con sus propios médicos y recibir en su casa el tratamiento y las terapias que le han prescrito para superar algunas de sus dolencias, es un hecho trascendental que no ha dejado indiferente a sector alguno del país, dadas las bajas expectativas que la opinión pública terminó formándose sobre el tema por causa de las negativas recurrentes que, a lo largo de casi diez años, representaron la respuesta segura a cualquier planteamiento que formulara la defensa de Simonovis, fuese para lograr que se examinaran con imparcialidad las evidencias en el juicio o fuese, al menos, para atemperar sus condiciones de reclusión.

Además, el altísimo perfil de uno de los casos penales más difíciles y polémicos de los últimos veinte años ha dado lugar a que cada quien, ante la sorpresiva flexibilización del encarcelamiento del comisario, haya optado por desarrollar y divulgar sus propias conjeturas acerca de los motivos que finalmente inspiraron al gobierno a tener un gesto de compasión que desconcertó a tirios y troyanos (los radicales de ambos bandos), esos antagonistas acérrimos que, curiosamente y por razones totalmente opuestas, compartían la misma conclusión: la certeza de que sería imposible que Simonovis obtuviera el más mínimo beneficio. Un extremo, de orientación oficialista, inspirado en la creencia de que el combate de la impunidad de los homicidios cometidos el 11 de abril pasaba por la indiferencia más absoluta hacia los derechos humanos del comisario; el otro extremo, de orientación opositora, convencido de que carecía de sentido cualquier acto de defensa, cualquier planteamiento, cualquier solicitud que reivindicara algún derecho de Simonovis ante las autoridades, puesto que con esa conducta solo se estaría fortaleciendo al régimen, al actuar como si disfrutásemos de un estado de Derecho que en realidad es inexistente.

Pero, independientemente de cuál fue la gota que derramó el vaso, no cabe duda de que sólo una labor seria y consistente pudo resistir el vendaval de las presiones políticas de los partidarios que, en condiciones normales, siempre prevalecen. Iván Simonovis y Bony, su esposa y abogada, desarrollaron la estrategia más sencilla pero también la más difícil de ejecutar y de sostener en el tiempo, dada la precariedad institucional del país y el acecho constante de numerosas incidencias que afectaban la causa (procesos electorales de todo tipo, uso del caso como bandera política y como factor de polarización, cambio de funcionarios que ya conocían los pormenores del juicio, entre otras) ocurridas a lo largo de los casi diez años transcurridos desde la detención del comisario. Hubo actitudes muy concretas, sabiamente articuladas, que pusieron de manifiesto de manera apreciable una autoridad moral que se erigió por encima de tanta adversidad. He aquí algunas de ellas:

  1. La concentración en el objetivo a cumplir sin reparar en los insultos, manipulaciones o manifestaciones de oportunismo, sin abrigar odio, rencor o resentimiento por los reiterados agravios. La disposición permanente de responder las ofensas con argumentos.
  2. El estilo de defensa, sin atajos ni opacidades, manifestado desde la escogencia de los abogados (Carlos Bastidas inicialmente -QEPD- y luego José Luis Tamayo), ambos de impecable trayectoria, hasta la utilización de todas y cada una de las oportunidades del proceso para dejar documentados los hechos verdaderamente ocurridos así como la conducta procesal del comisario. La visión de futuro, la disposición de hacer un trabajo que soporte una evaluación rigurosa con el paso de los años, sin las pasiones que distorsionan cualquier interpretación seria.
  3. El apego más absoluto a la institucionalidad, al punto de emplazar incansablemente a sus representantes en todos los niveles tratándolos como personas respetables -aunque en muchos casos no lo fuesen- y procurando el cumplimiento del estado de Derecho -aunque las señales resultasen desalentadoras-. La pruebas más evidentes de lo devastadora de esta estrategia fueron, en primer lugar, el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que, paradójicamente, al anunciar que la medida concedida en favor del comisario era temporal no hizo más que reafirmar que efectivamente no se trataba de un error o de un madrugonazo caprichoso de una jueza sino de una decisión que era del pleno conocimiento de la máxima cúpula del Poder Judicial y, en segundo lugar, las declaraciones del Ministro de Interior y Justicia que al informarle a los ciudadanos (léase, partidarios del régimen) que el Poder Ejecutivo respetaba la decisión, precisamente estaba exhortándolos a hacer lo mismo.
  4. La divulgación al público en forma constante de los pormenores del caso, incluido el fondo del asunto sin eludir ni rehuir ningún planteamiento o pregunta aparentemente incómoda.
  5. La perseverancia en todas las conductas anteriores a pesar de las circunstancias adversas que lucían insalvables.

La coherencia, civilidad y perseverancia de Bony Simonovis, en su rol de abogada y vocero principal del caso, fueron los ingredientes de una fórmula imbatible para inspirar credibilidad y obtener el respeto de millones de ciudadanos, inclusive de muchos afectos al oficialismo, dentro de cuyas filas se atrevieron a manifestar su admiración o a interceder ante las instancias que a su juicio tendrían el poder o la influencia para hacer cesar o, al menos, para mitigar en algo los rigores de esta injusticia.

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