Transcurrido casi un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela y en un escenario de serias dudas sobre la veracidad de sus resultados, comenzó la ofensiva para llevar el tema a la comunidad internacional, iniciativa ésta que, por cierto, está poniendo de manifiesto cómo las tendencias en pugna replican los mismos desequilibrios que vivimos internamente: los delegados de la oposición solo cuentan con sus denuncias, pero Maduro viaja y hace promesas con el respaldo de la chequera de la República.

Sin embargo, si ya con este resultado oficial -y a pesar del secuestro institucional-, las cosas han dejado de ser tan simples y comienza a respirarse otro aire en Venezuela, en la comunidad internacional, donde la mayoría de los países admite la pluralidad política como un hecho corriente, la suerte no está echada ni tiene porque estar signada necesariamente por los compadrazgos y chulerías. En los países regidos por democracias normales puede ser tan institucional y tener tanto peso la visión que transmita un parlamentario de oposición como la declaración oficial del gobierno de turno. Además, el público ya sabe discernir entre una posición de conveniencia y una de principios, entre una declaración emotiva y otra fundada en razonamientos -ambas muy válidas, por cierto-, independientemente de los intereses que estén en juego.

En estos días hubo dos declaraciones muy llamativas provenientes de sendas parlamentarias de América del Sur en relación con la crisis política venezolana. La primera, ofrecida por la Vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior del Congreso peruano, Lourdes Alcorta, a la cual se puede acceder a través del siguiente enlace: http://t.co/71HZWkTwAB, contiene una buena dosis de emotividad. Se advierte que es la expresión de una persona muy sorprendida por la reacción incomprensible y destemplada de Maduro ante un simple llamado al diálogo realizado por el canciller peruano pero, más que eso, es también la manifestación de una persona indignada y escandalizada ante las escenas de la arremetida salvaje orquestada en la Asamblea Nacional de Venezuela contra los diputados de oposición.

La otra declaración corresponde a la diputada al Congreso de Uruguay por el Partido Nacional, Verónica Alonso, quien formó parte de la delegación invitada por el Consejo Nacional Electoral para que “acompañara” el proceso comicial venezolano y puede verse en el siguiente enlace: http://t.co/kZmVoja22w. Tiene  un tenor distinto porque, si bien expresa una opinión formada con base en su visita a Venezuela, donde recogió “varias impresiones, muchas preocupaciones y enseñanzas para mi [su] país”, es bastante racional y enfatiza mucho la descripción de los hechos irregulares sobre los cuales fundamenta sus afirmaciones.

La diputada uruguaya narra cómo presenció el abuso del partido de gobierno en cuanto a la disposición de los recursos del Estado para hacer campaña electoral y dice que en esa materia “no hay límites”. Expresa cómo vio el “miedo en la calle, miedo en los electores los días previos, a transmitir con libertad quién era el candidato de su preferencia” y dice haberlo captado al conversar con los entrevistados quienes “cuando veían que yo no representaba una amenaza, se atrevían a decir quién era su candidato, especialmente si era el opositor”. También se refiere al voto asistido y a la precariedad de los límites físicos que impiden que la expresión del sufragio sea vista por otro. Al respecto, afirma claramente que “en Venezuela no existe el voto secreto”. Sus conclusiones, lejos de ser incendiarias, revelan las enseñanzas que le dejó esta experiencia: aprender a cuidar la democracia, la fortaleza institucional y la independencia de los poderes de su país. Por último hace un llamado muy sereno a las autoridades uruguayas para que no se dejen “endulzar” por amistades que conduzcan a que “terminemos pisoteados” y que “nuestros valores no sean los que prevalezcan”.

Estas dos declaraciones son las más extensas, pero ya son muchas las manifestaciones de parlamentarios de otros países en torno a la necesidad de que la situación de Venezuela se esclarezca; inclusive, ante la negativa del gobierno de practicar la auditoría solicitada por el comando de Henrique Capriles, más de 360 congresistas en el mundo apoyan la repetición de las elecciones en condiciones de igualdad. Y en la medida en que este expediente se divulgue aumentan las posibilidades de que el tema resulte ineludible para la comunidad internacional y represente un serio emplazamiento para las instituciones que la representan.

Tal vez la clave esté en la palabra “expediente”. Por fin, la oposición, además de hacer su trabajo persuasivo para obtener la confianza y el apoyo de los electores, sustituyó los lamentos ante el ventajismo electoral por acciones concretas que permitieron encuadrar cada uno de los abusos dentro de irregularidades específicas y, además, asumió su divulgación en todos los códigos legibles, el político, el mediático, pero sin olvidar el jurídico. No hay nada más incómodo para las instituciones secuestradas que un caso clarito, que todo el mundo entiende y cuya demostración termina convirtiéndose en un hecho notorio.