El 21 de mayo de 1993 el máximo tribunal de la República de Venezuela declaró con lugar el antejuicio de mérito contra el presidente en ejercicio Carlos Andrés Pérez y dos de sus ex-ministros por la presunta comisión de los delitos de peculado y malversación de fondos públicos provenientes de la partida de gastos de seguridad y defensa del Estado, conocida popularmente como partida secreta.

El juicio, oral y público, se ventiló ante ese mismo tribunal y permitió que saliera a la luz el destino de los recursos cuyo uso se cuestionaba: el financiamiento de una misión en Nicaragua, concebida para dar apoyo y protección física a la recién electa presidenta Violeta Chamorro quien temía por su seguridad personal ante la renuencia del presidente saliente Daniel Ortega de respetar los resultados electorales y entregar el cargo. Esta ayuda a Nicaragua quedó demostrada en juicio y el presidente y los ministros nunca la negaron; por el contrario, la defensa de los enjuiciados concentró sus esfuerzos en demostrar la validez, tanto intrínseca como legal, de una medida de esta naturaleza y para ello se promovió el testimonio de todos los ex-presidentes de la República, quienes, sin excepción (con una que otra mezquindad de alguno que intentó, con poco éxito, burlar las preguntas y escamotear las obvias respuestas) reconocieron que una misión de la naturaleza de la emprendida constituía una política de Estado -acertada o desacertada- y no un capricho personal. Con éstos y otros elementos de convicción, se fue debilitando la acusación de peculado, la cual resultó modificada, por el Fiscal General de turno, por la de “peculado espiritual” (ojo, no es un chiste, así consta en las actas del juicio) y finalmente se produjo la condena de los encausados, el 30 de mayo de 1996, por el delito de malversación de fondos públicos de la partida secreta a pesar de que ésta había sido prevista justamente para gastos de seguridad y defensa, dentro de los cuales cabía el financiamiento de una misión de esta naturaleza.

Fueron tres años muy interesantes que nos permitieron, a todos quienes tuvimos ocasión de conocer de primera mano y en detalle los intríngulis de ese juicio, conocer bastante acerca de las veleidades del poder y la fragilidad de la naturaleza humana. Fue lamentable, pero al mismo tiempo muy aleccionador, advertir la angustia de varios magistrados en relación con la conducta que se esperaba de ellos, ya que el clima que se respiraba en el país propiciaba que el problema político que representaba la gran impopularidad del gobierno de Pérez se quisiese resolver a través de la vía más cómoda, la cual no fue otra que la presión a la institución tradicionalmente más débil -como era y sigue siendo el Poder Judicial-, en lugar de buscar una salida política como, por ejemplo, solicitar la renuncia del Presidente o plantear un caso de responsabilidad política en la sede del Poder Legislativo, entre otras opciones.

Muy pocos magistrados tuvieron la personalidad suficiente para sostener una postura completamente independiente y profesional, desvinculada del “clamor de la multitud”, infeliz frase ésta con la cual uno de los magistrados intentó justificar el uso del Poder Judicial para despejar el camino de lo que vendría después y cuyas consecuencias todos conocemos. Pero, de todo esto, lo realmente paradójico es que, dada la conformación política de aquel supremo tribunal, algunos magistrados ostentaban una condición peculiar ya que tenían en este caso la rara y curiosa oportunidad de conciliar la verdad contenida en el expediente con su supuesta lealtad política, pero, contradictoriamente, fueron precisamente ellos los primeros que, sin titubear, terminaron adoptando la postura que les impuso la fuerza de las circunstancias externas.

Esta reflexión viene al caso por la desesperación que el gobierno de turno ha mostrado para llenar, cuanto antes, un grueso número de vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. Una escogencia que, hasta el pasado 26 de septiembre, carecía de urgencia hasta que la rendija abierta por la oposición en relación con la conformación política de la Asamblea Nacional la hizo devenir en necesidad imperiosa. Ahora se cuenta apenas con tres meses para escoger sin errores a quienes serán instados a guardar doce años de fidelidad a la revolución. Esto es hasta 2022. Y el mensaje es claro. Lo que se busca no es probidad sino lealtad, no es competencia profesional sino identificación con el régimen.

Precisamente, en estos tortuosos requisitos es que radica la fragilidad de la elección. Si, como pareciera vislumbrarse, la hegemonía de la revolución ya logró la cota más alta posible, muchas cosas pueden pasar en el laaaaaargo período de un magistrado. ¿O es que la naturaleza humana, con sus noblezas y sus ruindades, no sigue siendo la misma?