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Ante el desplome de los precios del petróleo en el mercado mundial, Venezuela, además del revés inmediato que representa la merma de muchos millones de dólares en sus ingresos para el año próximo, está sumida en una seria contradicción en la estrategia ideológica de su gobierno, puesto que se ha visto obligada a sostener y defender intereses coincidentes con los de los Estados Unidos de América y a promover -aunque sin éxito, hasta ahora- la política de precios altos que les conviene a los productores de ese país, la única que les permite a éstos hacer rentable su costosa y poco convencional producción de petróleo de lutitas o esquistos. Esto resulta una paradoja, pero la realidad ha abofeteado a la ideología y el gobierno venezolano, muy a su pesar, no cuenta con una magnitud de reservas internacionales suficientes para acompañar a sus socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en la estrategia de mantener bajos los precios para sacar del mercado a la competencia -cada vez más robusta- representada por los Estados Unidos de América.

¿Cómo es posible que, con tantos años de cuantiosos ingresos, las reservas internacionales de Venezuela no alcanzan hoy los 23 mil millones de dólares, contra los 893 mil millones de los Emiratos Árabes, los 757 mil millones de Arabia Saudita, los 410 mil millones de Kuwait o los 170 mil millones de Qatar, para no hablar de la sólida posición de otros productores no asociados a la OPEP, como Noruega, que cuenta con más de 890 mil millones de dólares en reservas? Ante esta infortunada coyuntura, ¿habría podido Venezuela estar en la situación de liderar posiciones en la OPEP y jugar con sus socios en favor de una estrategia compartida, como un miembro relevante de la organización? Si fuimos capaces de hacerlo alguna vez en el pasado, ¿contamos aún con algunas ventajas comparativas para lograrlo nuevamente en el futuro? ¿Qué hacer si las oportunidades perdidas no vuelven a presentarse? ¿Cuál fue la parte que no aprendimos de la lección?

El historiador y documentalista Carlos Oteyza acaba de presentarnos un largometraje lapidario, El Reventón III, que narra la relación de los venezolanos con el petróleo durante el período comprendido entre 1976 y 1999, es decir, desde su nacionalización, decretada durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hasta el comienzo del gobierno presidido por Hugo Chávez Frías. Ese lapso, aunque relativamente reciente, tiene la suficiente distancia histórica para que la percepción del público no se contamine con las pasiones de la época pero, además, es interesante advertir que el documental tampoco intenta vendernos una determinada interpretación de los hechos sino que hace gala de la imparcialidad que exige un trabajo de esta naturaleza e importancia.

Es una obra imprescindible para horadar las barreras del desinterés, el desconocimiento y la desvinculación de los venezolanos con el tema petrolero, ya que está repleta de claves que nos ayudan a conocer y a formarnos un criterio propio acerca de todo lo que hay detrás de la actividad petrolera como motor de desarrollo, pero también nos insta a reflexionar acerca de lo que significa convivir con el petróleo en lugar de vivir de él.

No me cabe duda de que muchos venezolanos, demasiado jóvenes para saber que la nacionalización de la industria petrolera no es un hecho reciente, se sorprenderán gratamente al ver cómo el país no solo salió airoso de la transición gerencial sino que pudo desarrollar una visión estratégica exitosa y generar innovaciones tecnológicas notables, pero también podrán captar la distancia entre esa suerte de burbuja de excelencia y el resto del país que, salvo excepciones, nunca terminó de engranar y de conectarse con ese magnífico dinamo y se quedó en el rentismo. Dos logros destacables del documental son, en primer lugar, cómo desmonta el mito, aún muy arraigado, según el cual el simple hecho de tener petróleo nos convierte en un país rico y, en segundo lugar, cómo contribuye a generar una reflexión sobre el debate entre las posturas, siempre enfrentadas, que han defendido, por una parte, que la industria petrolera se dedique exclusivamente a producir y comercializar el petróleo y, por la otra, que se involucre en las políticas públicas y su ejecución, aun en detrimento de la propia producción y del crecimiento del negocio.

No hay que ser economista ni ingeniero petrolero para entender la enorme importancia de esa industria en nuestro país. Es necesario que la educación que se imparta en todos los niveles y ramas incorpore los contenidos que le permitan al venezolano, independientemente de su vocación o interés, entender qué significa vivir en un país petrolero, cómo puede éste aprovechar en beneficio de todos las ventajas de esa condición y cómo resulta indispensable avanzar hacia la diversificación de nuestra economía.

Debemos cambiar la montaña rusa de las altas y bajas de los precios del petróleo por un tren, con rieles estables, que transite por una ruta prevista y predecible. Es lamentable que una idea tan obvia y elemental como ésta no sea un clamor generalizado. Por eso, hay que aplaudir cada iniciativa que, como El Reventón, contribuya a crear el conocimiento y la conciencia necesarios para que comencemos a comprender qué nos conviene y cómo conseguirlo.

A través de un tuit titulado “Los videojuegos están cambiando al mundo… para bien”, la cuenta de Twitter @EfectoNaim presenta un excelente reportaje que nos pone al día –y, en muchos casos, más bien nos ubica– acerca de lo que hoy día representa el género del videojuego en todos los órdenes: ya no solo como medio de entretenimiento (que fue su origen) sino como instrumento de cambio social, como industria capaz de generar ingresos superiores al PIB de varios países juntos o como instrumento eficaz para que sus usuarios desarrollen destrezas y fortalezas, superen enfermedades y sean mejores ciudadanos.

El reportaje, que puede verse en: http://efectonaim.net/el-otro-poder-de-los-videojuegos/, destaca varias iniciativas notables dentro de los miles de videojuegos que se están desarrollando en el mundo. Citaré dos de ellas: “PeaceMaker” (Constructor de paz) recrea el conflicto entre Israel y Palestina, de modo que el usuario puede escoger a quien desea representar como líder. Debe tomar decisiones militares, políticas, diplomáticas o de seguridad que generarán reacciones en Naciones Unidas, en países aliados o enemigos de uno u otro bando, en ambos pueblos en conflicto o en los sectores extremistas de cada uno de ellos. Las situaciones que se desarrollan colocan al jugador en situación de comprender la magnitud de las dificultades y los intereses que complican la adopción de decisiones responsables. Otro juego, llamado Remission (Misión Remisión), simula una batalla dentro del cuerpo humano en la cual el enemigo a vencer es el cáncer y el jugador tiene dos armas a su disposición: quimioterapia y antibióticos. Las evaluaciones en niños enfermos que lo han jugado han demostrado que su disposición a seguir el tratamiento con mayor disciplina es superior a la del resto de los pacientes.

Muchos estudios, citados por la famosa desarrolladora de juegos Jane McGonigal, concluyen que la práctica de los videojuegos despierta nuestra motivación y optimismo, nos hace inmunes a la frustración, mejora nuestra capacidad de trabajo y concentración y extrae la mejor versión de nosotros mismos. En otras palabras, nos entrena para adquirir habilidades útiles en el mundo real, factor clave para utilizarlos como herramienta educativa y de salud, entre otras.

Venezuela puede mostrar iniciativas interesantísimas en el campo de los videojuegos pero, para variar, es triste comprobar el abismo que existe entre el nivel de sus jóvenes emprendedores y la desinformación, los prejuicios y la poca lucidez de quienes están al frente de las instituciones. De hecho, nuestro país tiene el dudoso mérito de contar con la única legislación en el mundo concebida para prohibir absolutamente y penar con cárcel la distribución de videojuegos al etiquetarlos como “bélicos” con el argumento de prevenir la violencia, pero sin definir claramente el alcance de ésta. Es tal la ausencia de criterio para determinar qué es o no violento que, de acuerdo con la ley venezolana, por ejemplo, podría considerarse bélico un juego donde un linfocito T ataque a una célula cancerígena y la destruya.

A pesar de los escollos que obligan a aguzar en extremo la creatividad para no violar la ley, en Venezuela hay iniciativas interesantes y útiles. Señalaré algunas: “El Canto del Autana”, desarrollado por el grupo Alfer, con Jorge Veloso al frente, es un hermoso videojuego basado en la mitología wayúu que recrea sus fantásticas leyendas, algunas de las cuales contienen acciones potencialmente violentas; “Therapie”, creado por un grupo de la UCV a cargo de Esmitt Ramírez y financiado por el FONACIT, está destinado a mejorar las habilidades motoras de convalecientes y una de sus actividades es la destrucción de asteroides con armas futuristas para prevenir su impacto con la Tierra; “Bajo la Superficie”, creado por Annybell Villarroel, quien ha recibido varios premios por su iniciativa, propone el aprendizaje, de manera divertida, de los contenidos de Química de 9º grado a través de la combinación de átomos para formar óxidos; “Quiro”, del grupo Ludopia, a cargo de Robert Valerio y Saúl González, simula partes del cuerpo humano en las que los médicos y estudiantes practican técnicas avanzadas de cirugía; la Universidad Simón Bolívar acaba de abrir una especialización en Creación y Programación de Videojuegos que le abre una posibilidad importante a los talentos que no cuentan ahora con divisas preferenciales para realizar este tipo de estudios en el exterior y “El Sueño de Bolívar”, de un grupo de jóvenes del INCES de Cabimas, realiza la difícil tarea de recrear la epopeya bolivariana, habida cuenta de su ineludible contenido bélico.

En el resto del mundo, el criterio se inclina hacia la regulación, clasificación y control de los videojuegos que se produzcan o distribuyan, en función de una tabla similar a la utilizada por la industria del cine o del entretenimiento en general. De hecho, Chile, cuya reciente legislación en la materia es de las más duras, utiliza criterios razonables de discernimiento y gradualidad, cuya ausencia en Venezuela solo sirve para que, a pesar del talento venezolano que ya se perfila en este campo, sigamos perdiendo una oportunidad estelar de competir vigorosamente en una de las iniciativas de mayor potencial de crecimiento en el mundo como instrumento de comunicación, aprendizaje, innovación, desarrollo económico, cultura y desarrollo humano.

Esta frase tan esperanzadora acompaña la propuesta que acaba de ser presentada al país por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y que se titula: Del Estado empresario al Estado social: Un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela. El documento puede verse en el sitio web de esta institución: www.apucvipp.org. Se trata de una iniciativa importante que al gobierno le convendría examinar. Desde su tono, institucional, respetuoso y conciliador, hasta la enumeración de los objetivos perseguidos, las causas de los problemas y las soluciones ofrecidas, planteados todos con objetividad y respeto por las diversas ideologías, el documento hace aportes incuestionables que pueden contribuir efectivamente a la construcción de una agenda mínima, común a todos los sectores, que permita detener esta suerte de hecatombe -en cámara ya no tan lenta- que está desmoronando el país.

Quiero insistir en que el tono de la propuesta constituye un elemento de obligatoria consideración por parte del gobierno, a quien debe llamarle la atención que dentro de sus objetivos no están, por ejemplo, la renuncia del presidente o el cambio a la Constitución. No hay el menor atisbo de desestabilización o sabotaje.  Por el contrario, la petición se centra en la necesidad de que el gobierno ejerza sus atribuciones y asuma con responsabilidad los correctivos que el propio régimen sabe indispensables para evitar el desplome de la economía y el colapso de sus programas sociales. El planteamiento de los profesores denota una actitud constructiva y una evidente disposición al diálogo, elementos que deben ser aprovechados por el gobierno si quiere documentar ante el país su credibilidad y su buena fe, hoy bastante maltrechas hasta con sus propios partidarios.

Al examinar el documento es triste advertir que así habremos descendido en todos los órdenes que los planteamientos lucen indiscutibles por lo básicos. Comencemos por los móviles que inspiran esta iniciativa: el cese de la inseguridad, el acceso fluido a los alimentos de la dieta diaria y a los medicamentos, la mejora de los servicios públicos -especialmente la atención hospitalaria-, la erradicación de las enfermedades infectocontagiosas que han reaparecido, el freno a la inflación que erosiona sueldos y salarios haciendo inaccesibles bienes domésticos como un vehículo o una vivienda y, por último, la posibilidad de que los ciudadanos podamos vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas puesto que la Constitución garantiza el pluralismo político.

La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela no rompe paradigma alguno sino que se basa en tres pilares establecidos en la Constitución bolivariana: equidad, libertad y respeto a esa misma Constitución y a la Ley.

Las bases económicas del modelo propuesto pretenden disminuir la dependencia del petróleo, fomentar las exportaciones no tradicionales, acometer la industrialización del país con sustento en ventajas comparativas y abatir la inflación que impide sustentar el crecimiento y ganar competitividad. Se plantea pasar del Capitalismo de Estado al Estado Social con énfasis en el aumento de las capacidades de los ciudadanos mediante importantes inversiones en educación, salud, infraestructura, ciencia, tecnología y fomento del emprendimiento y a través del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Vale la pena leer con detenimiento los postulados específicos en cuanto a políticas fiscal, monetaria, cambiaria, petrolera e industrial. Todas, absolutamente sensatas, nacionalistas y enmarcadas dentro de los postulados de la Constitución bolivariana.

Como políticas educativa y sanitaria se plantean la mejora de la educación pública en todos sus niveles, el relanzamiento de programas de becas en el exterior, un plan de educación para el trabajo, el rediseño del sistema de salud pública descentralizando sus servicios y ampliando la atención primaria, el fortalecimiento de las organizaciones sociales como espacios intermedios entre ciudadanos y poder público y la garantía de su independencia, así como la conveniencia de apoyarse en las universidades para la solución de los problemas del país favoreciendo la investigación científica y una relación más estrecha entre el pueblo y la universidad a través del servicio comunitario y los programas de extensión de todas las facultades.

Las políticas sociales propuestas obedecen a una lógica presupuestaria que implica transparencia, evaluación y rendición de cuentas y se basan en la igualdad de oportunidades para todos y en el respeto al ciudadano; se propone también el fortalecimiento del sistema de seguridad social y de los programas de asistencia social.

Además de la devastación del país, la gran tragedia del gobierno es el desmoronamiento indetenible del armatoste que ocultaba las incoherencias y contradicciones entre su discurso y sus actuaciones. Ya no hay sector del país, por más allegado que sea a la revolución, que no acuse algún golpe, alguna traición, alguna actuación contra natura que lesiona, muchas veces a conciencia, los intereses que se invocan como bandera.

Por todo esto, es admirable como estos planteamientos conciliadores y útiles provengan del sector universitario, uno de los más abatidos y agredidos en los últimos años, pero también, uno de los que no claudica en su amor por el país, en su sentido de la responsabilidad y en el ejercicio del patriotismo sin cursilerías.

Este gobierno, muy sortario, tiene en esta propuesta una oportunidad inmerecida pero necesaria, para adecuar su conducta al modelo que dice seguir y que constantemente traiciona.