Esta frase tan esperanzadora acompaña la propuesta que acaba de ser presentada al país por la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela y que se titula: Del Estado empresario al Estado social: Un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela. El documento puede verse en el sitio web de esta institución: www.apucvipp.org. Se trata de una iniciativa importante que al gobierno le convendría examinar. Desde su tono, institucional, respetuoso y conciliador, hasta la enumeración de los objetivos perseguidos, las causas de los problemas y las soluciones ofrecidas, planteados todos con objetividad y respeto por las diversas ideologías, el documento hace aportes incuestionables que pueden contribuir efectivamente a la construcción de una agenda mínima, común a todos los sectores, que permita detener esta suerte de hecatombe -en cámara ya no tan lenta- que está desmoronando el país.

Quiero insistir en que el tono de la propuesta constituye un elemento de obligatoria consideración por parte del gobierno, a quien debe llamarle la atención que dentro de sus objetivos no están, por ejemplo, la renuncia del presidente o el cambio a la Constitución. No hay el menor atisbo de desestabilización o sabotaje.  Por el contrario, la petición se centra en la necesidad de que el gobierno ejerza sus atribuciones y asuma con responsabilidad los correctivos que el propio régimen sabe indispensables para evitar el desplome de la economía y el colapso de sus programas sociales. El planteamiento de los profesores denota una actitud constructiva y una evidente disposición al diálogo, elementos que deben ser aprovechados por el gobierno si quiere documentar ante el país su credibilidad y su buena fe, hoy bastante maltrechas hasta con sus propios partidarios.

Al examinar el documento es triste advertir que así habremos descendido en todos los órdenes que los planteamientos lucen indiscutibles por lo básicos. Comencemos por los móviles que inspiran esta iniciativa: el cese de la inseguridad, el acceso fluido a los alimentos de la dieta diaria y a los medicamentos, la mejora de los servicios públicos -especialmente la atención hospitalaria-, la erradicación de las enfermedades infectocontagiosas que han reaparecido, el freno a la inflación que erosiona sueldos y salarios haciendo inaccesibles bienes domésticos como un vehículo o una vivienda y, por último, la posibilidad de que los ciudadanos podamos vivir en paz a pesar de las diferencias ideológicas puesto que la Constitución garantiza el pluralismo político.

La propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela no rompe paradigma alguno sino que se basa en tres pilares establecidos en la Constitución bolivariana: equidad, libertad y respeto a esa misma Constitución y a la Ley.

Las bases económicas del modelo propuesto pretenden disminuir la dependencia del petróleo, fomentar las exportaciones no tradicionales, acometer la industrialización del país con sustento en ventajas comparativas y abatir la inflación que impide sustentar el crecimiento y ganar competitividad. Se plantea pasar del Capitalismo de Estado al Estado Social con énfasis en el aumento de las capacidades de los ciudadanos mediante importantes inversiones en educación, salud, infraestructura, ciencia, tecnología y fomento del emprendimiento y a través del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Vale la pena leer con detenimiento los postulados específicos en cuanto a políticas fiscal, monetaria, cambiaria, petrolera e industrial. Todas, absolutamente sensatas, nacionalistas y enmarcadas dentro de los postulados de la Constitución bolivariana.

Como políticas educativa y sanitaria se plantean la mejora de la educación pública en todos sus niveles, el relanzamiento de programas de becas en el exterior, un plan de educación para el trabajo, el rediseño del sistema de salud pública descentralizando sus servicios y ampliando la atención primaria, el fortalecimiento de las organizaciones sociales como espacios intermedios entre ciudadanos y poder público y la garantía de su independencia, así como la conveniencia de apoyarse en las universidades para la solución de los problemas del país favoreciendo la investigación científica y una relación más estrecha entre el pueblo y la universidad a través del servicio comunitario y los programas de extensión de todas las facultades.

Las políticas sociales propuestas obedecen a una lógica presupuestaria que implica transparencia, evaluación y rendición de cuentas y se basan en la igualdad de oportunidades para todos y en el respeto al ciudadano; se propone también el fortalecimiento del sistema de seguridad social y de los programas de asistencia social.

Además de la devastación del país, la gran tragedia del gobierno es el desmoronamiento indetenible del armatoste que ocultaba las incoherencias y contradicciones entre su discurso y sus actuaciones. Ya no hay sector del país, por más allegado que sea a la revolución, que no acuse algún golpe, alguna traición, alguna actuación contra natura que lesiona, muchas veces a conciencia, los intereses que se invocan como bandera.

Por todo esto, es admirable como estos planteamientos conciliadores y útiles provengan del sector universitario, uno de los más abatidos y agredidos en los últimos años, pero también, uno de los que no claudica en su amor por el país, en su sentido de la responsabilidad y en el ejercicio del patriotismo sin cursilerías.

Este gobierno, muy sortario, tiene en esta propuesta una oportunidad inmerecida pero necesaria, para adecuar su conducta al modelo que dice seguir y que constantemente traiciona.

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