Archive for agosto, 2013


Si se nos ocurrió pensar que lo habíamos visto todo en materia de comportamientos desviados, basta detenernos en un par de acontecimientos recientes, ambos tan categóricos como aciagos, para ilustrar cómo la decadencia ha percolado hacia las capas más profundas de nuestra sociedad con el peligro de reducirla al letargo y a la anulación de los principios sobre los cuales afianza su existencia.

El primero de estos hechos es bien conocido porque, además de producirse dentro del marco de un acto oficial, hubo el descaro de anunciarlo previamente y de transmitirlo por televisión. Se trata de la atroz intervención del diputado Pedro Carreño en la Asamblea Nacional, donde hizo gala de su inagotable audacia al atreverse a rebasar ese límite que todo ser humano evita traspasar para no perder su condición humana. La verdad es que logró su cometido ya que sobrepasó la marca abiertamente.

Bajo la excusa de un hecho político se escogió como blanco de ataque a otro ser humano para presentarlo públicamente bajo la faceta que lo hiciera más vulnerable e inspirara más desprecio. En su jugada, este alto funcionario apostó a la estimulación de lo peor de nuestra naturaleza: los prejuicios, el morbo por la intimidad ajena y la intolerancia hacia la condición distinta que otro semejante pudiera tener, al valerse del indudable peso que estos factores tienen cuando el objetivo a cumplir es el fusilamiento moral de alguien, como obviamente fue la pretensión. A pesar de todo, superados la sorpresa y el asco iniciales causados por esta sesión, no descarto que el efecto general logrado por el diputado Carreño con su nuevo despropósito termine siendo, si nos obligan a escoger, que prefiramos al objeto de su saña antes que identificarnos con semejante verdugo.

El segundo acontecimiento habría pasado inadvertido si no hubiera sido tan macabro su desenlace. La enfermera Milagros Franco, quien trabajaba en la Maternidad Concepción Palacios, murió como consecuencia de una golpiza que le propinaron dos pacientes, molestas porque la funcionaria les llamó la atención y reportó su conducta cuando las descubrió dañando el ascensor del centro asistencial. Los distintos medios de comunicación ofrecen versiones distintas en cuanto a los detalles, pero todos coinciden en afirmar que las dos pacientes son muy jóvenes, que habían dado a luz hacía varias semanas y que simplemente permanecían hospitalizadas en espera de una operación de esterilización. También trascendió el hecho de que la espantosa agresión había ocurrido desde hacía una semana, que la enfermera fallecida tenía más de veinte años de servicio en la maternidad y que fue precisamente su actitud responsable hacia su trabajo lo que terminó ocasionándole la muerte.

Resulta insólito que la agonía de la señora Franco se haya mantenido en reserva dentro de la maternidad y que los tribunales de Justicia hayan adoptado unas medidas cautelares ínfimas en comparación con la gravedad de las lesiones y su intencionalidad, al punto que las agresoras fueron devueltas al centro asistencial para alarma y pánico del personal que allí labora. Tan solo una protesta, muy airada y sentida, de un pequeño grupo de enfermeras de la maternidad por la injusta muerte de su compañera, permitió que estos hechos trascendieran.

En este caso sorprenden demasiadas cosas: sorprende la ligereza del tribunal que conoció del caso ante una conducta que merecía la adopción de medidas cautelares severas, cónsonas con un delito cometido por motivos fútiles o innobles, es decir, por causas banales o despreciables, el cual merece la calificación más grave de la escala penal dentro de su categoría; sorprende la irresponsabilidad de las autoridades de la maternidad al permitir el reingreso de las agresoras a pesar del efecto aterrador de esta “convivencia” para el resto del personal asistencial; pero sorprende aún más la ausencia de solidaridad de los médicos y de muchas de las enfermeras ante la muerte de su compañera en circunstancias que bien pudieron sufrir ellos mismos. Un testigo de excepción que presenció la protesta refirió muy conmovido que sólo se movilizaron las enfermeras que pertenecían al sindicato.

Al margen de la tragedia venezolana, representada por la entronización de las desviaciones y su adopción como política de Estado, en Venezuela hay mucha incapacidad general para internalizar normas de convivencia y para entender y ejercer la civilidad, la cual no solo se refiere a los deberes cívicos escritos en las leyes sino a la conducta que contribuya a que cada persona pueda convivir en paz con las demás y desarrolle libremente su personalidad.

Durheim decía que no reprobamos las conductas por desviadas sino que éstas se hacen desviadas porque las reprobamos. Esa formulación tan lógica proviene de la certeza de que somos capaces de identificar cuáles actos nos ayudan a progresar y cuáles son los que nos destruyen como sociedad. Esa facultad genera en nosotros una responsabilidad que no podemos eludir.

Hace algunos días se encendió una nueva alarma en relación con la salud del comisario Iván Simonovis que nos hace preguntarnos qué está pasando con nuestra condición humana, particularmente con la de quienes ante sus narices ven extinguirse la vida de una persona y carecen de la más mínima iniciativa para detener la catástrofe que ineludiblemente ocurrirá si no se impone un mínimo de conciencia y de humanidad.

El 23 de julio pasado Iván Simonovis, quien sufre de numerosos padecimientos de salud como consecuencia directa de las condiciones bajo las cuales está recluido, fue objeto de un diagnóstico erróneo que retrasó el tratamiento de una nueva dolencia que hizo crisis en su organismo. Ante los síntomas de abdomen doloroso, rigidez abdominal difusa, fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos, deshidratación e insuficiencia respiratoria le fue diagnosticada una pielonefritis aguda, que es una enfermedad de las vías urinarias que alcanza la pelvis renal, cuando en realidad lo que el comisario padecía –totalmente cónsona con sus síntomas- era peritonitis gangrena vesicular con la consecuente infección interna, que suele ocurrir cuando se infecta la vesícula biliar y el diagnóstico apropiado no se produce a tiempo.

Fue el 26 de julio en horas de la tarde cuando al comisario se le practicó la extracción de la vesícula biliar y la limpieza de la cavidad abdominal en el Hospital Militar de Caracas. Este procedimiento era el único posible para impedir que los efectos de la peritonitis produjesen las complicaciones usuales que son: fuga de la bilis, hemorragia interna, formación de abscesos, inflamación del páncreas, aparición de trombos en las piernas, lesión de los conductos biliares o del intestino, embolia pulmonar, infarto, fallo orgánico múltiple o multisistémico, muchas de las cuales conducen a la muerte.

Hay un cúmulo de hechos muy grave que trasciende cualquier consideración política o jurídica. Los “compromisos” de los funcionarios públicos con sus jerarcas no tienen por qué envilecerlos, carcomerles el alma e inocularles tal pobreza de espíritu que los haga contravenir la sensatez, la compasión y la solidaridad que todo ser humano debe abrigar, sobre todo cuando tiene conocimiento pleno y responsabilidades concretas en torno a la situación de una persona privada de libertad. Aquí, la responsabilidad del alto gobierno -que es indudable- no es distinta de la que tienen los niveles medios, niveles técnicos o como se les quiera llamar, conocedores en detalle de este incidente y de todas las enfermedades crónicas que padece el comisario Simonovis, cuya curación no será posible en el sitio donde está recluido ni en ningún otro que no sea su hogar. Iván Simonovis no fue condenado a muerte pero, por lo que se vislumbra, esa es la sentencia que se está ejecutando en la práctica gracias a la interpretación miedosa y distorsionada de una orden política dada en su momento y a la incapacidad de comprender que este caso se le fue de las manos a toda la “cadena de mando” (para decirlo militarmente) del sistema penitenciario y de Justicia, cuyos numerosos funcionarios tienen la responsabilidad de advertir, de informar, de actuar, de alertar a sus superiores cuando las consecuencias de una decisión política originaria se desvían de tal manera que la terminan convirtiendo en un acto de barbarie.

A veces en nuestras críticas al alto gobierno –ojo, muy merecidas todas- muchas veces cometemos el error de exculpar a los “pobrecitos” funcionarios de los niveles medios como si éstos fuesen minusválidos o impúberes.

Nunca olvidaré un incidente que presencié como funcionaria pública a mediados de los años 80 cuando, bajo la aplicación de la famosa Ley de Vagos y Maleantes, unos altos funcionarios de la Gobernación del Distrito Federal interpretaron que la orden de Carmelo Lauría de mandar a los malandros a las Colonias Móviles de El Dorado consistía en llenar un avión con personas cuyos únicos “antecedentes penales” eran su aspecto no convencional y su tendencia sexual. Fue bochornoso ver como los engranajes de esa burocracia insensible comenzaron a ponerse en marcha para literalmente “sacar de circulación” a muchachos menores de 25 años, sin antecedentes reales; sin embargo, el empeño de algunos funcionarios que buscaron la manera de acreditar la verdad e informarle al gobernador, con respeto pero con firmeza, el tamaño de esta infamia abortó la maniobra. Ese caso me permitió conocer la seriedad y la extraordinaria calidad humana de un “duro” como Carmelo Lauría.

En muchos casos, los funcionarios ni siquiera tienen claro cuál es el alcance de un mandato; su única opción parece ser la catatonia, de la cual sólo se atreven a salir bajo orden expresa. Pero hay temas de temas, porque hay que tener claro que, desde hace años, los crímenes de guerra y los delitos contra los Derechos Humanos abarcan todos los eslabones de las estructuras burocráticas.