Archive for julio, 2013


Así será de terrible la percepción que los ciudadanos tienen en relación con la impunidad en los casos de corrupción que el gobierno está haciendo un esfuerzo, que aún no sabemos cuán sincero y fructífero será, para ofrecer otro rostro y ganar algo de credibilidad ante el país no polarizado e incluso, ante sus mismos partidarios. Este mes de julio ha sido prolífico en detenidos por casos de corrupción y de estafas vinculadas con el acceso a bienes o servicios del Estado venezolano. A las capturas iniciales de funcionarios del SENIAT o del INDEPABIS ocurridas en meses anteriores, se sumó ahora la detención de una serie de personas imputadas por el desfalco del Fondo Chino, la aprehensión de los miembros de un grupo al cual se le atribuye la desviación del patrimonio de CVG Ferrominera Orinoco y la captura de otras personas que integraban un par de organizaciones aparentemente constituidas para “intermediar” ante el público con los apartamentos de la Gran Misión Vivienda y con las ayudas destinadas a los pueblos indígenas administradas por el ministerio respectivo.

Otro caso muy llamativo, por la señal que intenta arrojar, es la reapertura de un proceso penal ya sepultado y olvidado que involucró a un general del ejército muy poderoso durante la pasada década. La reseña de El Universal del pasado sábado sobre el caso no tiene desperdicio, porque ofrece detalles que ilustran acerca de los frágiles argumentos formales utilizados en su momento para cerrar el caso y destacan que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia califica hoy como grotesca la actuación de los jueces que cometieron ese “error inexcusable” que ahora será el motivo para someterlos a un proceso disciplinario cuya apertura también se anuncia.

Sin duda, son señales. Incipientes, pero señales al fin y al cabo. Sin embargo, el reto es titánico porque estas iniciativas solo podrían funcionar si se revirtiesen dos percepciones muy consolidadas en la población gracias a los catorce años de antecedentes ofrecidos por el enclenque y opaco sistema de Justicia venezolano: la primera es que estamos en presencia de un simple golpe de efecto planificado para que el gobierno intente restaurar el poder de convocatoria que tuvo en otros tiempos y, la segunda, que estas acciones “tan firmes” no son más que actuaciones selectivas -que en el pasado y aún hoy hemos visto acometer sólo contra los sectores disidentes- cuyo engranaje ahora se pone al servicio de la lucha interna por el poder entre los distintos bandos del oficialismo. Ante este panorama, el escepticismo ciudadano solo podría disminuir si se pudiese cambiar la percepción acerca de las intenciones gubernamentales que sólo ganarían credibilidad si las acciones descritas tuviesen efectos generales, si fuera posible mantenerlas en el tiempo y si, al observarlas, independientemente de nuestra posición política, se presentaran indisolublemente unidas a presupuestos éticos y a intereses colectivos como los verdaderos fundamentos que son para inspirar una actuación del Estado.

Pero, además de esas medidas puntuales, cuya permanencia y sustentabilidad tendría que quedar acreditada fuera de toda duda, el gobierno debe revertir otras graves distorsiones devenidas en políticas de Estado y que consisten en la opacidad de las reglas de juego aplicables a la conducta ciudadana, la nebulosidad del estado de Derecho y la sensación creciente de que cualquier actividad, por más legítima que sea, puede ser sorpresiva e intempestivamente satanizada y dar lugar a sanciones contra las cuales solo hay salidas de carácter extorsivo. Esa grotesca situación, muy bien asimilada por la sociedad venezolana, le está siendo retribuida al gobierno con una profunda desconfianza. En estos momentos, cuando el gobierno “ha descubierto” que la sociedad tiene cosas que aportar y que el Estado la necesita, el poder de convocatoria y la tan deseada estabilidad pasan por recomponer el principio de legalidad y, sobre todo, actuar con responsabilidad.

El ejemplo más elocuente de irracionalidad lo tenemos en el insostenible “régimen” cambiario, cuya ley penal, en lugar de prevenir delitos, no ha hecho más que estimular miles de estafas a particulares que, privados de un mecanismo legal alternativo adecuado a la economía real, se han volcado a negociar las divisas en el mercado negro, plagado de actores inescrupulosos no identificados ni sujetos a control alguno. Hasta el propio Estado resiente las consecuencias de tanto capricho en esta materia al verse impedido de informar siquiera el tipo de cambio resultante en las modestas subastas de divisas convocadas para aliviar un poco la dramática situación.

Más que dar tímidas señales, el gobierno está obligado a tomar decisiones que detengan la pavorosa descomposición promovida desde el propio Estado y ejecutada por un sistema penal y de Justicia trastocado y desequilibrado.

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La reciente profusión de vídeos, grabaciones, captura de mensajes de datos y otras formas de intrusión, así como la divulgación de su contenido, realizados sin el consentimiento o, peor aún, sin el conocimiento de las personas cuya intimidad se vulnera, dejan una sensación de indefensión ante la potestad omnímoda que confiere el tener acceso a las tecnologías apropiadas sin que se vislumbre el ejercicio de algún control que delimite el alcance y las razones que justifiquen ese acceso y, mucho menos, sin que haya señales de la exigibilidad de las responsabilidades que corresponden en esos casos.

A partir de la irrupción de las tecnologías de información y comunicación no sólo cambió la manera de registrar y compartir con otros nuestros pensamientos sino que, en paralelo, surgió la posibilidad de que un tercero los capturase apenas se convirtiesen en imágenes o en palabra oral o escrita. Los expertos en el área suelen ser drásticos; dicen que la única forma segura de que algún tema delicado se mantenga en privado es dejarlo guardado en nuestra mente.

La posibilidad de captura, desvío, modificación, supresión y envío remoto de cualquier dato o información, independientemente de donde provenga, sea una conversación telefónica o presencial, un correo electrónico o cualquier otra manifestación susceptible de ser percibida, dejó de ser ciencia ficción hace más de veinte años para convertirse en una realidad tangible. Sin embargo, así como es sano y prudente internalizar el hecho de que existe la posibilidad técnica de verlo, oírlo y saberlo todo sobre los demás dependiendo de las circunstancias -por más íntima que sea el área escudriñada-, otra cosa es que aceptemos como práctica normal e indiscriminada el fisgoneo en nuestras vidas y en las de los otros y que nos resignemos así como así ante las intrusiones abusivas de quienes ostentan un poder circunstancial. No en vano, desde la década de los noventa, en todo el mundo se analizan las implicaciones de las tecnologías de información y comunicación y su impacto en el derecho a la privacidad de las personas, esfera que no puede ser desconocida o minimizada en forma desproporcionada al punto de hacer invivible la existencia de un individuo.

Ya para el cambio de milenio, en muchos países el reconocimiento expreso del derecho a la intimidad y su protección ante los embates de estas tecnologías dejó de ser una curiosidad académica para convertirse en normativa de obligatorio cumplimiento. Conceptos como el de habeas data, que consiste en el acceso que todo ciudadano debe tener a la información  que exista sobre sí mismo en cualquier base de datos, pública o privada -además de poder exigir que sea suprimida o modificada si es errónea o maliciosa-, se concretó como un derecho constitucional en muchos países, derecho que se acompañó con las respectivas leyes de protección.

Venezuela, legislativamente hablando, no se quedó atrás y se actualizó totalmente. No solo acogió el habeas data en la Constitución del 99 sino que allí mismo consagró la inviolabilidad de las comunicaciones privadas “en todas sus formas” y la obligación de preservar, aún en caso de un juicio, el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. También se le dio rango constitucional al derecho a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación y, para ello, fijó limitaciones expresas al uso de la informática para garantizar “el honor y la intimidad personal” de los ciudadanos y el “pleno ejercicio de sus derechos”.

Además, desde 2001, Venezuela le dio protección penal a estos derechos a través de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos que contempló tres delitos perseguibles de oficio: la violación de la privacidad de la data o información de carácter personal, relativo a cualquier forma de captura de datos personales incorporados en un sistema; la violación a la privacidad de las comunicaciones, donde se previó la punibilidad de cualquier forma de acceso, captura, interferencia o modificación de una comunicación ajena y, por último, la revelación indebida de la información personal aun cuando quien la difunda no sea quien la capturó. Aquella vieja Ley de Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, propia de la época de los “pinchazos”, quedó derogada ante la nueva tipificación que recogió las nuevas formas de cometer estos delitos.

¿Dónde radica el problema, entonces? Como vemos, no es en la legislación pero sí en otros dos factores: la conciencia ciudadana y la respuesta institucional, indispensables para que estas violaciones del derecho a la privacidad, que ya están previstas como delitos sean vistas como tales, escandalicen suficientemente a la población y exista la presión necesaria para que los órganos de investigación y el sistema de Justicia se vean compelidos a actuar. ¿Al Estado venezolano no le encanta la denuncia de Snowden? Es hora de que practique lo que predica.