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“No se puede tener 100% de seguridad y 100% de privacidad”

Barack Obama

Hace casi diez años los ciudadanos estadounidenses celosos de su privacidad respiraron tranquilos. A pesar de la paranoia desatada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el senador demócrata Ron Wyden logró en septiembre de 2003 que una comisión bicameral del Congreso de los Estados Unidos cerrara una oficina del Pentágono que estaba desarrollando un programa de vigilancia llamado TIA, siglas que significaban Terrorism Information Awareness (en castellano sería Conocimiento de la Información sobre Terrorismo). Este sistema sería capaz de analizar y relacionar registros de viajes, trazas bancarias, historias clínicas y cualquier otra información que estuviese en alguna red, con el objetivo de identificar actos preparatorios de algún ataque terrorista. El proyecto suponía el desarrollo de un software capaz de captar y analizar de inmediato varios petabytes de información, tomando en cuenta que un petabyte es el equivalente a doscientos mil millones de artículos del mismo tamaño de este texto.

El senador Wyden, feliz por el éxito de su campaña contra el programa, dijo en aquella ocasión: “Los estadounidenses que se encuentren en territorio norteamericano no serán blanco de vigilancia del TIA, una vigilancia que habría violado su privacidad y sus libertades civiles. El gobierno no va a poder tomar a los norteamericanos por los pies y sacudirlos cabeza abajo para ver si se les cae algo extraño del bolsillo”.

Pero hoy, gracias a las revelaciones hechas por el ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Edward Snowden, parece que no es solo por los pies por donde han tomado a estos ciudadanos, ya que el programa PRISM, cuya operatividad real podría tener más de cinco años de antigüedad, no es más que el programa TIA, mejorado y corregido. Recordemos que para 2003 mucha información personal viajaba por Internet pero no estaba disponible para su consulta por “terceros” porque solo se guardaba en los discos duros de cada quien. Con la costumbre, iniciada en 2006 aproximadamente, de almacenar casi todo en la “nube”: los correos electrónicos, perfiles personales, vídeos, chats de voz, fotos y muchos otros detallitos, ahora sí es verdaderamente abrumadora la capacidad del “Gran Hermano” de explorar hasta las capas más profundas de la intimidad de cualquier individuo. Es importante aclarar que este cambio de reglas de juego, que ha golpeado duramente la credibilidad del presidente Obama en su país, se refiere exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses dentro de su territorio, porque jamás ha estado en duda que el resto del mundo ha sido objeto de observación sin límite desde hace muchos años a través de la red Echelon -de la cual PRISM forma parte- que es controlada por la comunidad UKUSA (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), y cuyos satélites, domos, radares e infraestructuras de almacenamiento están repartidos por el mundo sin que ninguno se haya molestado en negar su existencia, conocida públicamente desde 1976 y cuestionada en el Parlamento Europeo por allá por 2001 cuando recibió, entre otros insumos, un estudio realizado en 1998 por la Fundación Omega de Manchester.

El único país europeo que elevó su voz en aquel momento, no solo con protestas sino con iniciativas concretas, fue Austria, que no solo formuló una propuesta jurídica que consistía en una normativa garantista de los derechos de los ciudadanos sino que la complementó con la propuesta técnica de aumentar el nivel de encriptación de las comunicaciones de los ciudadanos para dificultar su acceso por parte de terceros. Y se ve que este enfoque tenía sentido cuando ahora advertimos que la supuesta complicidad que se le atribuye a Google (gmail y otras aplicaciones), Microsoft y Facebook con el proyecto PRISM se vincula con la necesidad de acceder directamente a los datos que se encuentran almacenados de manera no encriptada en los servidores de estas compañías. Interesante, ¿verdad?

El director de la NSA afirma que los programas de vigilancia basados en registros de llamadas de particulares y datos de Internet han evitado docenas y docenas de potenciales ataques terroristas. Seguramente es así, como también hay que reconocer la sensatez de la frase del presidente Obama que cité al comienzo de esta nota. Pero es tema no es ese. El quid del asunto es quién controla que esos sistemas no estén siendo usados con fines muy distintos a los que se invocan. En otras palabras, ¿quién vigila a quiénes vigilan?

Como ya dijimos, la novedad no es el abuso sistemático del derecho a la privacidad, sino quiénes son las nuevas víctimas, ciudadanos que hasta ahora juraban que la primera y cuarta enmienda de su Constitución se estaba cumpliendo cabalmente. Sin duda, el aporte de Snowden al tema es invaluable.

Desde hace varios años se gesta una tragedia cuyo arribo se ha venido postergando gracias al desempeño cotidiano de miles de ciudadanos cuya entrega y cuya resistencia han alcanzado proporciones heroicas. Aún a pesar de eso, ya no es descartable imaginarnos ese escenario macabro, el de un futuro en Venezuela sin universidades -tales como las conocemos-, dado el alto nivel de inanición y de desprecio que el gobierno revolucionario ha deparado para los institutos de educación superior y para sus profesores, cuya remuneración ni siquiera llega a la mitad de lo que cuesta la canasta básica cuando hace treinta años la relación era precisamente la inversa.

Para tener una cabal idea de cuál es la situación económica de quienes, paradójicamente, deben acreditar probadas credenciales académicas para poder pertenecer a ese exclusivo club de indigentes que es hoy la comunidad universitaria, vale la pena consultar el trabajo estadístico realizado por el profesor Carmelo Marzullo (@cmarzullos en Twitter) denominado “Entendiendo el conflicto universitario”, al cual se puede acceder a través del siguiente enlace: https://www.dropbox.com/s/o40ksdkuxgppt8z/ConflictoProfesoresUniversitarios2013.pdf y cuya claridad nos permite captar a primera vista la insostenibilidad de la situación que viven.

Las consecuencias de esta crisis le estallarán en la cara al gobierno si no comprende que las universidades, las genuinas, aquéllas donde se forman los verdaderos profesionales, aquéllas donde se investiga y se divulga el conocimiento científico son, aunque el gobierno no lo advierta, “sus” aliadas naturales e indiscutibles a la hora de enfrentar los problemas reales que suelen agobiar a un país y cuya solución no depende de la adopción de una consigna política sino de la aplicación del conocimiento, de la técnica, del talento y de la creatividad. En otras palabras, no cabe duda de que la competencia profesional es irreemplazable, pero, lamentablemente, puede devenir inaccesible cuando los factores que deben contar para conseguirla son menospreciados para privilegiar la ideologización, cuyo producto final, tristemente, no puede ser otro que la esterilidad envuelta en un título vacuo e insatisfactorio, tanto para la sociedad como para quien lo ostenta.

Los altos personeros del gobierno revolucionario no han considerado hasta ahora las consecuencias que traería la desaparición de las verdaderas universidades. Sería interesante  conocer  cómo  abordarían la solución de los problemas tangibles -que siempre surgirán- con seudoprofesionales aquejados por este desbalance formativo; habría que ver si, de verdad, estarían dispuestos a someterse o si pondrían en manos de éstos la salud de sus familiares; si se atreverían a encomendarles la construcción de sus casas o si les confiarían la seguridad de sus sistemas, por solo citar algunos ejemplos.

Qué sabiamente actuaría el gobierno si impidiese que a la educación universitaria le suceda lo que ya le ocurrió a la seguridad ciudadana, a la agricultura, a la industria, a la dotación y distribución de alimentos, al mercado de valores o al suministro de energía eléctrica, entre otras áreas consideradas fallidas como consecuencia de políticas insensatas, muchas de las cuales comienzan a ser revolucionariamente revertidas ante la evidente catástrofe que ocasionaron.

El gobierno, tan ávido como está de reconocimiento, tiene una excelente oportunidad para procurárselo si se comporta como corresponde a un Estado responsable, mediante el cumplimiento de sus compromisos ante los educadores y la comunidad universitaria en general. Un poco de sentido práctico puede ayudarlo, inclusive, a ganar estabilidad puesto que, en el caso específico del conflicto universitario, los representantes de este sector han demostrado tener el nivel suficiente para identificar si quienes representan al Estado venezolano poseen la capacidad y la disposición de salvar la educación superior para ponerla al servicio del país o si, en su papel como interlocutor, este gobierno no es capaz de inspirar los más mínimos niveles de confianza, respeto y credibilidad.