Archive for mayo, 2013


Es imposible mantenerse indiferente ante las decenas de barbaridades vertidas en el audio que contiene la conversación atribuida a Mario Silva y a un supuesto funcionario de la República de Cuba.

Al margen de lo que todos pensemos, la evidencia más clara de que el gobierno cree verídica esta grabación es su insistencia en ignorarla y en omitir cualquier investigación. Pero la explicación ofrecida por Mario Silva y sus acompañantes para “demostrar” que se trataba de un montaje fue absolutamente patética, no solo por el tipo de argumentos ofrecidos, sino por la glorificación de una fuerza extranjera a la que consideran enemiga y ante la cual presentaron a la revolución bolivariana haciendo el más absoluto ridículo. Se le atribuye a la Mossad, nada más y nada menos, que la edición de miles de horas de grabación para crear frases que nunca se pronunciaron, lograr giros y entonaciones totalmente realistas, incorporar de manera perfecta y oportuna todas las procacidades típicas del vocabulario de Silva (lo que le dio el toque mágico a la falsificación), sin olvidar la perfecta imitación del acento cubano de su interlocutor y, sobre todo, el tiempo record en el que se logró esta joya, dada la mención específica de acontecimientos tan recientes como lo fueron los actos de la campaña electoral de abril, entre otros.

La defensa de Silva en su programa de despedida (otra muestra de que el gobierno considera auténtico este audio) tuvo una omisión notable, ya que la posibilidad de confirmar tanto la presunción de certeza como la de montaje siempre dependerá de una experticia, válida, posible y lógica que, en este caso, ha sido completamente soslayada. Recuerdo que hace varios años en Colombia, ante la captura del computador personal de un alto jefe guerrillero y el riesgo de que se adujeran manipulaciones de su contenido, el gobierno de Uribe le solicitó a Interpol un equipo de expertos y ese organismo, consciente de las posiciones de los bandos en pugna, designó a tres peritos de países muy distantes de Colombia y completamente indiferentes a los intereses en juego.

En el caso venezolano, el gobierno debe ser el primer interesado en cerciorarse de la veracidad o no del audio atribuido a Mario Silva. La obligación de investigar lo ocurrido ni siquiera radica en las implicaciones políticas, la lucha de poderes o las simpatías y/o aversiones personales de Silva puesto que, en ese sentido, todo lo dicho allí, de alguna manera ya era del dominio público. El deber de investigación del Estado devino ineludible ante la presunción, que emerge de esos cincuenta tenebrosos minutos de grabación, de que pudieron cometerse delitos perseguibles de oficio y de naturaleza grave, de los cuales saltan a la vista los siguientes:

1     Las múltiples y detalladas informaciones ofrecidas a un supuesto miembro de un gobierno extranjero acerca de deslealtades de los más altos funcionarios de varios poderes públicos y de serias vulnerabilidades del gabinete ejecutivo, así como el análisis detallado de los mecanismos para tomar el control de la Fuerza Armada Nacional encuadran perfectamente dentro del delito de Revelación de secretos políticos o militares concernientes a la seguridad de Venezuela (art. 134 del Código Penal) que está penado con presidio de siete a diez años.

2     Las innumerables menciones de delitos de corrupción que se le atribuyen a distintos funcionarios, descritas pormenorizadamente, con indicación de autoría y circunstancias de tiempo, modo y lugar, y de las cuales se afirma tener conocimiento pleno sin que se advierta la menor intención de denunciarlos a pesar de contar con pleno acceso -según se invoca- a los más altos niveles del poder público caben dentro de los supuestos del delito de Encubrimiento (art. 254 del Código Penal) que tiene una pena de prisión de uno a cinco años.

3     La narración que refiere los pormenores de la posesión de doce rifles de la Fuerza Armada Nacional y la conformación de un grupo de combate paramilitar solo pueden calificarse, respectivamente, como delitos de Porte de armas de guerra (art. 274 del Código Penal) que se castiga con prisión de cinco a ocho años y Formación de cuerpo armado (art. 294 del Código Penal) que tiene una pena de presidio de uno a cuatro años.

4     La descripción de las circunstancias bajo las cuales se produjo la eliminación física de una persona tiene como única tipificación posible la del delito de Homicidio (art. 405 del Código Penal) cuya pena es de doce a dieciocho años de presidio.

Como puede advertirse, este tema dista mucho de referirse a “trapos sucios” que se lavan en casa. El actual gobierno sólo podrá salir ileso de esta prueba si se dispone a asumir la verdad de este escándalo, sea cual fuere, con absoluta responsabilidad y justicia. Y ojalá aprenda la lección, de modo que pueda deslastrarse del legado más siniestro de los que ha recibido y cuyas consecuencias están a la vista: la consagración de íconos deleznables, útiles en la práctica de sicariatos morales por su carencia de valores y de escrúpulos, que luego terminan devorándolo todo, hasta lo bueno que pudo haberse construido en nombre de la revolución bolivariana.

Anuncios

Transcurrido casi un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela y en un escenario de serias dudas sobre la veracidad de sus resultados, comenzó la ofensiva para llevar el tema a la comunidad internacional, iniciativa ésta que, por cierto, está poniendo de manifiesto cómo las tendencias en pugna replican los mismos desequilibrios que vivimos internamente: los delegados de la oposición solo cuentan con sus denuncias, pero Maduro viaja y hace promesas con el respaldo de la chequera de la República.

Sin embargo, si ya con este resultado oficial -y a pesar del secuestro institucional-, las cosas han dejado de ser tan simples y comienza a respirarse otro aire en Venezuela, en la comunidad internacional, donde la mayoría de los países admite la pluralidad política como un hecho corriente, la suerte no está echada ni tiene porque estar signada necesariamente por los compadrazgos y chulerías. En los países regidos por democracias normales puede ser tan institucional y tener tanto peso la visión que transmita un parlamentario de oposición como la declaración oficial del gobierno de turno. Además, el público ya sabe discernir entre una posición de conveniencia y una de principios, entre una declaración emotiva y otra fundada en razonamientos -ambas muy válidas, por cierto-, independientemente de los intereses que estén en juego.

En estos días hubo dos declaraciones muy llamativas provenientes de sendas parlamentarias de América del Sur en relación con la crisis política venezolana. La primera, ofrecida por la Vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior del Congreso peruano, Lourdes Alcorta, a la cual se puede acceder a través del siguiente enlace: http://t.co/71HZWkTwAB, contiene una buena dosis de emotividad. Se advierte que es la expresión de una persona muy sorprendida por la reacción incomprensible y destemplada de Maduro ante un simple llamado al diálogo realizado por el canciller peruano pero, más que eso, es también la manifestación de una persona indignada y escandalizada ante las escenas de la arremetida salvaje orquestada en la Asamblea Nacional de Venezuela contra los diputados de oposición.

La otra declaración corresponde a la diputada al Congreso de Uruguay por el Partido Nacional, Verónica Alonso, quien formó parte de la delegación invitada por el Consejo Nacional Electoral para que “acompañara” el proceso comicial venezolano y puede verse en el siguiente enlace: http://t.co/kZmVoja22w. Tiene  un tenor distinto porque, si bien expresa una opinión formada con base en su visita a Venezuela, donde recogió “varias impresiones, muchas preocupaciones y enseñanzas para mi [su] país”, es bastante racional y enfatiza mucho la descripción de los hechos irregulares sobre los cuales fundamenta sus afirmaciones.

La diputada uruguaya narra cómo presenció el abuso del partido de gobierno en cuanto a la disposición de los recursos del Estado para hacer campaña electoral y dice que en esa materia “no hay límites”. Expresa cómo vio el “miedo en la calle, miedo en los electores los días previos, a transmitir con libertad quién era el candidato de su preferencia” y dice haberlo captado al conversar con los entrevistados quienes “cuando veían que yo no representaba una amenaza, se atrevían a decir quién era su candidato, especialmente si era el opositor”. También se refiere al voto asistido y a la precariedad de los límites físicos que impiden que la expresión del sufragio sea vista por otro. Al respecto, afirma claramente que “en Venezuela no existe el voto secreto”. Sus conclusiones, lejos de ser incendiarias, revelan las enseñanzas que le dejó esta experiencia: aprender a cuidar la democracia, la fortaleza institucional y la independencia de los poderes de su país. Por último hace un llamado muy sereno a las autoridades uruguayas para que no se dejen “endulzar” por amistades que conduzcan a que “terminemos pisoteados” y que “nuestros valores no sean los que prevalezcan”.

Estas dos declaraciones son las más extensas, pero ya son muchas las manifestaciones de parlamentarios de otros países en torno a la necesidad de que la situación de Venezuela se esclarezca; inclusive, ante la negativa del gobierno de practicar la auditoría solicitada por el comando de Henrique Capriles, más de 360 congresistas en el mundo apoyan la repetición de las elecciones en condiciones de igualdad. Y en la medida en que este expediente se divulgue aumentan las posibilidades de que el tema resulte ineludible para la comunidad internacional y represente un serio emplazamiento para las instituciones que la representan.

Tal vez la clave esté en la palabra “expediente”. Por fin, la oposición, además de hacer su trabajo persuasivo para obtener la confianza y el apoyo de los electores, sustituyó los lamentos ante el ventajismo electoral por acciones concretas que permitieron encuadrar cada uno de los abusos dentro de irregularidades específicas y, además, asumió su divulgación en todos los códigos legibles, el político, el mediático, pero sin olvidar el jurídico. No hay nada más incómodo para las instituciones secuestradas que un caso clarito, que todo el mundo entiende y cuya demostración termina convirtiéndose en un hecho notorio.