Archive for abril, 2011


“Actúa siempre, en cualquier circunstancia, como si fueses el protagonista de un reality show”. Esta frase, articulada en términos un poco pedestres pero muy digeribles, podría englobar y actualizar la esencia de dos principios formulados, nada menos que por Enmanuel Kant y por Adam Smith, en torno a la Justicia y a la forma como los ciudadanos deberían enfocar su conducta para alcanzarla. La frase intenta recoger y conciliar dos concepciones, respectivamente, la de someter nuestras actuaciones a un paradigma y la de tener siempre en cuenta cómo nos ven los demás.

Devolviéndonos al contexto original, Kant sugería que debíamos actuar de tal manera que la máxima de nuestra voluntad pudiera ser en todo momento principio de una ley universal, pero Smith nos invitaba a valorar nuestra conducta como uno imagina que la examinaría un observador imparcial. Estos dos ejemplos, escogidos entre las infinitas cavilaciones que grandes filósofos nos legaron en torno a la idea de justicia, provienen de dos enfoques que, como puede advertirse, se contraponen: el de Kant, que propugna un esquema de comportamiento correcto sobre el cual se sustentaría el andamiaje institucional de la Justicia y el de Smith, que toma en cuenta la percepción de la gente y su comportamiento real como referencia ineludible para interpretar lo que es justo.

Estas posiciones contrastantes guardan relación con una de las circunstancias que suele (o que debería) angustiar a todo aquel que haya abrazado el Derecho como campo de estudio y de acción. Me refiero a la desvinculación que existe entre el funcionamiento institucional basado en el paradigma perfecto y la vivencia de la realidad cotidiana, divorcio éste cuyos efectos están a la vista y que se manifiestan en el grado creciente de frustración y escepticismo que despierta en la gente el concepto de justicia.

Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, aborda esta tragedia de manera certera y eficaz en su libro La idea de la justicia (Taurus, 2010) porque, desde su indudable erudición, adopta un enfoque generoso y desmonta la fatuidad de las teorías que se alimentan de sí mismas y se distancian de los problemas cuya solución debería constituir su razón de ser. Sen distingue claramente entre la concepción de justicia que se basa en esquemas y la que se basa en realizaciones. De ésta última opina que “debe concentrarse por ejemplo, en el comportamiento real de la gente en lugar de presumir la observancia general de un comportamiento ideal” y se pregunta: “la cuestión es si el análisis de la justicia debe reducirse a lograr instituciones básicas y reglas generales correctas. ¿No deberíamos también examinar lo que surge de la sociedad, incluidas las vidas que las personas viven realmente, con las instituciones y reglas existentes, así como otras influencias, como el comportamiento real, que afectarían ineludiblemente a las vidas humanas?”.

Muchas decisiones adoptadas desde las instituciones, cuando no responden a conveniencias alejadas del interés general, son producto de un enfoque teórico, de la inercia o de la comodidad de un burócrata que se siente satisfecho con el mero cumplimiento formal de su trabajo. En Venezuela, específicamente, hay un factor adicional que posterga el examen y la búsqueda de una solución a este problema; se trata de la excesiva polarización que ha provocado una visión simplista de nuestra realidad y un estado de “animación suspendida” en el que pareciéramos destinados a permanecer mientras nos libramos del gran obstáculo que nos impide pensar.

Es muy alentador observar en un filósofo de la talla de este Nobel, la búsqueda humilde, desprejuiciada y ecuménica de todo cuanto pueda contribuir a que la vida de la gente mejore real y tangiblemente a través de la instrumentación de una apropiada idea de la Justicia.

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La aspiración de vivir dentro de un estado de Derecho no es, aunque pudiera parecerlo, una exquisitez nacida de refinadas abstracciones. Es todo lo contrario, representa una intención legítima de contar con las mínimas condiciones que hagan posible superar la zozobra y la vida tumultuaria de las sociedades sin futuro. No es éste un tema menor. No es un asunto fácil de eludir, sobre todo para un gobierno que se jacta -y disipa muchos recursos para jactarse publicamente- de que su leitmotiv es la dignidad de los pueblos, lo cual no significa otra cosa que la dignidad de las personas que integran ese pueblo.

Una de las muestras más significativas y bochornosas del comportamiento de las instituciones venezolanas en relación con el estado de Derecho la ofrece el acto de prestidigitación ocurrido en la Asamblea Nacional en el mes de diciembre, con motivo de la promulgación de la Ley de Instituciones del sector Bancario (en el fondo una reforma de la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras) en la cual, inexplicablemente, dejó de ser delito la apropiación o distracción de los recursos de un banco o institución financiera, es decir, los recursos del público.

Inexplicablemente, digo, porque la exposición de motivos de ese instrumento legal utilizó una terminología que parecía indicar todo lo contrario de lo que verdaderamente ocurrió: “se incluyen” las personas naturales que incurran en delito, “se incrementan” las sanciones, “se establecen mecanismos más efectivos de vigilancia”. La penalización del hecho de apropiarse de los recursos del público había sido introducida en 1993, a partir de la gran crisis financiera venezolana, y mantenida en todas las reformas sucesivas de la ley de bancos, ya que constituye la razón de ser del régimen sancionatorio en materia bancaria. Es más, las costuras de este nuevo ropaje son tan gruesas que la vieja denominación del delito de apropiación se mantuvo en la ley pero, simplemente, el artículo se vació de contenido. Aquí no salió un conejo de un sombrero sino que desapareció dentro de él. ¿Negligencia? ¿Corrupción? Nunca lo sabremos. Pareciera que la voluntad política del alto régimen es muy débil para averiguarlo.

Ante las grotescas implicaciones de lo ocurrido, la original solución que se ideó fue la de volver a reformar la ley en marzo de este año para restituir el texto omitido y suspender los juicios en curso cuyo objeto fuese la exigibilidad de responsabilidades por apropiación de recursos del público.

Aunque cueste mucho creer en la inocencia decembrina de esa iniciativa parlamentaria oficialista (recordemos que aún los diputados de oposición no se habían incorporado a la Asamblea Nacional ¿o será que allí radicaba tanto apuro?), lo cierto es que la reforma legislativa creó derechos (al menos eso es lo que suele ocurrir cuando vivimos en un estado de Derecho), ya que ante la coexistencia de diversas leyes en conflicto durante el curso de un proceso penal, siempre debe aplicarse la más favorable al procesado, a menos que se determinase que la despenalización fue producto de un ardid o un fraude legislativo. El Tribunal Supremo de Justicia tiene la palabra.

En contraste, actualmente hay procesos penales en curso y personas privadas de libertad por realizar actividades financieras que no constituían delito, como es el caso de la intermediación de títulos valores para proveer al público de divisas en el mercado alternativo, mecanismo promovido y consagrado legalmente por el Estado venezolano ante la insuficiencia de la oferta de divisas al tipo de cambio oficial. ¡Qué lástima! ¡Cómo no se les ocurrió a estas casas de bolsa, en lugar de cumplir con los procedimientos previstos en la Ley, apropiarse de los dineros del público!