Archive for octubre, 2010


Flor García tiene 35 años, vive en la calle Castañeda, es gerente de Quantum, posee dos cuentas corrientes, es tarjetahabiente de Prisa y European Express y gana mensualmente Bs. 20.000. Está casada con Pablo López, de 40 años, médico de la Clínica Central, con un ingreso mensual de 35.000 Bs. y tienen dos hijos que estudian en el Colegio Sucre. Estos y otros datos como los números telefónicos de toda su familia, los sitios de compras, los datos de sus pólizas de seguro, así como sus preferencias de consumo, perfil deudor y hasta sus notas escolares están contenidos en las bases de datos de las empresas e instituciones que tienen o han tenido a Flor como cliente, empleada, afiliada o alumna. Estos datos obviamente son ficticios, pero permiten advertir la gran cantidad de información que los demás podrían poseer sobre nosotros.

La protección contra el riesgo que representaría para Flor la divulgación de sus datos personales y/o patrimoniales, constituye no solo una “buena práctica” sino una obligación legal. Por ello, la captura o divulgación de datos ajenos contenidos en un sistema informático constituyen hechos punibles previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos vigente en Venezuela, los cuales presentan tres modalidades: el espionaje informático que se refiere a la obtención o difusión indebidas de la información presente en una base de datos en general; la violación a la privacidad de la información de carácter personal que consiste en la captura, uso, alteración o supresión de los datos de alguna persona en particular y la revelación de la información de carácter personal, que versa sobre la divulgación o entrega a terceros de los datos de la persona. Pero, más que la aplicación de la Ley, lo ideal es prevenir estas situaciones.

Mientras nuestra interacción sea con instituciones conocidas, cuya reputación es un activo, podemos esperar “buenas prácticas” en materia de privacidad. Específicamente, en el caso de empresas tales como bancos o emisores de tarjetas de crédito, las reglas a las cuales están sujetos permiten exigir su responsabilidad. Además, a todos quienes compartimos nuestros datos personales o patrimoniales con instituciones no virtuales cuyas operaciones estén automatizadas, nos ampara el derecho constitucional de habeas data, gracias al cual podemos: a) exigir acceso a los datos personales propios que consten en registros públicos o privados; b) conocer el uso que se dará o se esté dando a nuestros datos personales y c) solicitar la actualización, corrección o destrucción de nuestros datos si son erróneos o violan nuestros derechos.

Los riesgos aumentan si realizamos operaciones sin precaución con entes virtuales desconocidos, si navegamos por Internet sin protección o si acatamos indicaciones de correos electrónicos de dudosa procedencia. En estos casos, podríamos ser víctimas de otros delitos previstos en la misma Ley como el sabotaje a nuestro sistema (hacking), el fraude en nuestras cuentas bancarias o la apropiación y uso indebido de nuestras tarjetas, todos los cuales podrían prevenirse en muchos casos mediante la adopción de “buenas prácticas” como las siguientes:

1. Obtener y mantener actualizados un antivirus y un firewall y configurarlos de manera que bloqueen o avisen acerca de cualquier intrusión o programa malicioso.

2. Tener cuentas de correo electrónico distintas para la participación en redes sociales y para las transacciones en línea con nuestras instituciones financieras.

3. Evitar el uso de la misma contraseña para todas las cuentas bancarias, de correo o suscripciones en línea.

4. Evitar el uso como contraseña de ciertos números y fechas “obvios” que puedan extraerse de los documentos de identidad personal.

5. Cambiar las contraseñas regularmente.

6. Abstenerse de compartir las contraseñas de los sistemas, cuentas y tarjetas.

7. Abstenerse de participar en sorteos de origen desconocido que soliciten cualquier dato personal. Si el sitio web es conocido, conviene tener una dirección de correo electrónico específica para estos fines.

8. Hacer transacciones en línea solo con un sitio web seguro, previa verificación de lo siguiente:

a. Que posea el signo característico del candado cerrado y la dirección precedida por las siglas https.

b. Que cuente con políticas de privacidad.

c. Que explique claramente las características del producto, su forma de entrega, garantía, políticas de devolución y reclamos.

9. En caso de recibir ofertas por correo electrónico provenientes de un sitio desconocido, abstenerse de hacer click en el enlace adjunto ya que podría tratarse de un ardid para conectar al usuario con un sitio programado para capturar sus contraseñas.

10. En caso de recibir correos electrónicos con apariencia de provenir de nuestra institución financiera, abstenerse de contestarlos y menos aún indicar nombre completo, dirección del estado de cuenta, números de cuentas, de PIN, de tarjetas de crédito o de contraseñas.

Estas sencillas precauciones contribuirán a reducir el nivel de riesgo en relación con la práctica que los hackers y defraudadores on line hacen de la ingeniería social, que no es más que el uso de trucos destinados obtener datos personales y contraseñas proporcionados por los propios usuarios, con lo cual suelen usurpar sus identidades y hacer uso indebido de su información personal y su patrimonio.

* Beatriz Di Totto fue co-redactora de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de Venezuela

El 21 de mayo de 1993 el máximo tribunal de la República de Venezuela declaró con lugar el antejuicio de mérito contra el presidente en ejercicio Carlos Andrés Pérez y dos de sus ex-ministros por la presunta comisión de los delitos de peculado y malversación de fondos públicos provenientes de la partida de gastos de seguridad y defensa del Estado, conocida popularmente como partida secreta.

El juicio, oral y público, se ventiló ante ese mismo tribunal y permitió que saliera a la luz el destino de los recursos cuyo uso se cuestionaba: el financiamiento de una misión en Nicaragua, concebida para dar apoyo y protección física a la recién electa presidenta Violeta Chamorro quien temía por su seguridad personal ante la renuencia del presidente saliente Daniel Ortega de respetar los resultados electorales y entregar el cargo. Esta ayuda a Nicaragua quedó demostrada en juicio y el presidente y los ministros nunca la negaron; por el contrario, la defensa de los enjuiciados concentró sus esfuerzos en demostrar la validez, tanto intrínseca como legal, de una medida de esta naturaleza y para ello se promovió el testimonio de todos los ex-presidentes de la República, quienes, sin excepción (con una que otra mezquindad de alguno que intentó, con poco éxito, burlar las preguntas y escamotear las obvias respuestas) reconocieron que una misión de la naturaleza de la emprendida constituía una política de Estado -acertada o desacertada- y no un capricho personal. Con éstos y otros elementos de convicción, se fue debilitando la acusación de peculado, la cual resultó modificada, por el Fiscal General de turno, por la de “peculado espiritual” (ojo, no es un chiste, así consta en las actas del juicio) y finalmente se produjo la condena de los encausados, el 30 de mayo de 1996, por el delito de malversación de fondos públicos de la partida secreta a pesar de que ésta había sido prevista justamente para gastos de seguridad y defensa, dentro de los cuales cabía el financiamiento de una misión de esta naturaleza.

Fueron tres años muy interesantes que nos permitieron, a todos quienes tuvimos ocasión de conocer de primera mano y en detalle los intríngulis de ese juicio, conocer bastante acerca de las veleidades del poder y la fragilidad de la naturaleza humana. Fue lamentable, pero al mismo tiempo muy aleccionador, advertir la angustia de varios magistrados en relación con la conducta que se esperaba de ellos, ya que el clima que se respiraba en el país propiciaba que el problema político que representaba la gran impopularidad del gobierno de Pérez se quisiese resolver a través de la vía más cómoda, la cual no fue otra que la presión a la institución tradicionalmente más débil -como era y sigue siendo el Poder Judicial-, en lugar de buscar una salida política como, por ejemplo, solicitar la renuncia del Presidente o plantear un caso de responsabilidad política en la sede del Poder Legislativo, entre otras opciones.

Muy pocos magistrados tuvieron la personalidad suficiente para sostener una postura completamente independiente y profesional, desvinculada del “clamor de la multitud”, infeliz frase ésta con la cual uno de los magistrados intentó justificar el uso del Poder Judicial para despejar el camino de lo que vendría después y cuyas consecuencias todos conocemos. Pero, de todo esto, lo realmente paradójico es que, dada la conformación política de aquel supremo tribunal, algunos magistrados ostentaban una condición peculiar ya que tenían en este caso la rara y curiosa oportunidad de conciliar la verdad contenida en el expediente con su supuesta lealtad política, pero, contradictoriamente, fueron precisamente ellos los primeros que, sin titubear, terminaron adoptando la postura que les impuso la fuerza de las circunstancias externas.

Esta reflexión viene al caso por la desesperación que el gobierno de turno ha mostrado para llenar, cuanto antes, un grueso número de vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. Una escogencia que, hasta el pasado 26 de septiembre, carecía de urgencia hasta que la rendija abierta por la oposición en relación con la conformación política de la Asamblea Nacional la hizo devenir en necesidad imperiosa. Ahora se cuenta apenas con tres meses para escoger sin errores a quienes serán instados a guardar doce años de fidelidad a la revolución. Esto es hasta 2022. Y el mensaje es claro. Lo que se busca no es probidad sino lealtad, no es competencia profesional sino identificación con el régimen.

Precisamente, en estos tortuosos requisitos es que radica la fragilidad de la elección. Si, como pareciera vislumbrarse, la hegemonía de la revolución ya logró la cota más alta posible, muchas cosas pueden pasar en el laaaaaargo período de un magistrado. ¿O es que la naturaleza humana, con sus noblezas y sus ruindades, no sigue siendo la misma?